La contradicción es la variable dominante entre las razones que pudieron motivar la cancelación, a última hora, del viaje de la presidenta Mireya Moscoso a la Cumbre del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que se iniciará el próximo lunes en Roma, Italia.
En la cita, prevista para realizarse del 10 al 13 del presente mes, la mandataria recibiría una condecoración debido al desempeño de su administración para reducir los índices de desnutrición en el país, dijo la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, al tiempo que responsabilizó a los medios y a su "criticadera" de la decisión adoptada por Moscoso.
La ministra rechazó que la gobernante haya desistido de su viaje debido a que padezca alguna dolencia física o enfermedad.
Hasta ayer, y según representantes de la FAO, la presidenta de Panamá acudiría a la cita junto con el mandatario saliente de Colombia, Andrés Pastrana, y el presidente de la Unión Europea y del gobierno español, José María Aznar, entre otros mandatarios del mundo.
Por su parte, y según el primer vicepresidente de la República, Arturo Vallarino, la mandataria no viajó debido a que prefirió permanecer en el país para atender de manera directa temas nacionales de profunda importancia, como la huelga médica.
Agregó que debido a este conflicto tampoco viajará el ministro de Salud, Fernando Gracia. "Será el segundo vicepresidente quien encabezará la delegación de Panamá y estará acompañado por el ministro de Desarrollo Agropecuario y otras personalidades vinculadas al tema de la producción alimentaria", acotó Vallarino.
En cuanto a los detalles del costo del viaje y del número de delegados, manifestó que el monto será normal incluyendo los viáticos y la alimentación.
Sin precisar un total, invitó a evaluar el resultado de la participación de la delegación panameña a la cita internacional y el impacto que ello traerá al país. "Tenemos que estar presente en todo lo que tiene que ver con el hambre", dijo Vallarino, al expresar la posibilidad de que la oficina regional de la FAO sea instalada en Panamá.
La ausencia de la presidenta Moscoso en la cita mundial para la alimentación llama la atención, sobre todo, cuando en algunas zonas rurales indígenas del país se han registrado decesos de personas a causa del hambre.
Alexis Miranda, Secretario de Organización y Estadística del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo (SICOTRAC), afirma que procuran que los conductores tengan alguna forma de estabilidad laboral. No considera necesario el pago de "un salario", pero sí de la cotización a la CSS.
Para el dirigente, las conversaciones pretenden darle a los conductores la posibilidad de jubilarse y hacer uso de los servicios médicos que ofrece la institución de seguridad social.
La ley que regula el transporte en Panamá es No. 14 de mayo de 1993, reformada en 1999, y establece lo concerniente a las rutas y la relación laboral entre los dueños, los conductores de autobuses y sus ayudantes.
El artículo 57 de esta ley establece que los conductores de autobuses tiene subordinación jurídica y dependencia económica con relación a los propietarios.
Para Andrés Moya, de ALAP, estos dos aspectos son los que le permiten a los choferes de autobuses ser considerados empleados, con los mismos derechos que otros trabajadores.
Son pocos los artículos correspondientes al oficio de los operarios de autobuses; sin embargo, el reglamento establece la existencia de una relación de trabajo, aunque los choferes no estén inscritos en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT).
Para Jorge Fabián Gutiérrez, director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, esta ley no se está cumpliendo, por lo que han decidido recibir la solicitud de la Fundación Seguridad Ciudadana Pro Orden y Disciplina, para apoyar a los conductores.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
