El puente sobre el río Cricamola, en el distrito de Kankintú, Comarca Ngöbe Buglé, fue destruido ayer aproximadamente a las 10:15 a.m. por una fuerte corriente, en medio de lluvias que por más de 72 horas han caído en la provincia de Bocas del Toro.
La estructura, de más de 100 metros de largo y construido a un costo superior a los B/.100 mil, fue inaugurada en el 2001 por la presidenta de la República, Mireya Moscoso y los dineros invertidos fueron obtenidos de la partida circuital del legislador Samuel Binns. En abril las corrientes del río habían afectado parte de la estructura del puente, sin embargo, miles de ciudadanos lo usaban a pesar del riesgo.
La obra era de gran importancia no solamente por comunicar a decenas de comunidades, sino porque garantizaba la integridad física, principalmente de estudiantes de los niveles primario y secundario que tendrán que volver a utilizar los botes para cruzar el caudaloso río. Por otro lado, en sectores como Chiriquí Grande y comunidades ubicadas a orillas de los ríos Cricamola, Sixaola y Changuinola, se ordenó la evacuación de algunas familias.
En el sector fronterizo de Guabito muchas personas vigilaban el nivel del río, pues temían inundaciones. En Finca 43 las aguas del río Sixaola habían alcanzado la carretera. Estamentos de seguridad, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y bomberos, habían declarado alerta verde.
Pero allí no terminarían sus problemas, ya que en los primeros días del 2002 la madre de su niña inició los reclamos de los pagos de la pensión alimenticia, que Aizprúa había estado incumpliendo. Tal solicitud consta en una nota manuscrita enviada por Ríos a la Corregiduría de José D. Espinar el 11 de enero de 2002.
Sin embargo, un cuaderno donde consta cada uno de los recibos de pago por pensión hechos por Aizprúa demuestra que nunca se dejaron de consignar los pagos, aunque sí consta irregularidad en cuanto a los montos girados.
Y es en este aspecto donde el "protestante" hace la salvedad, porque a su juicio la Corregiduría de Cerro Cocobolo emitió un documento, que él denuncia como falsificado y alterado, detallando el desglose de una morosidad de B/. 512.00, que a su juicio no existe. A este documento le sigue otro emitido el 17 de septiembre, donde el monto de la morosidad es un poco más elevada.
Aizprúa niega rotundamente que su acción en el Puente de las Américas se haya dado para que le rebajen la pensión y critica que luego de su proceder se alegara esa razón y se expusiera que es una persona con recursos para cumplir con su compromiso.
"Yo tengo una responsabilidad, es más, un derecho y un deber con mi hija. Yo no pido rebajarle la pensión a mi bebé, aunque podría agarrarme del artículo 387 del Código de la Familia, que habla que cuando el negocio se va a quiebra se suspende la pensión y todo, pero yo no lo hago por amor a mi hija", expuso.
Pero cuando José habla de un negocio que se fue a la quiebra no se refiere a una empresa o algo parecido, sino a la venta ambulante de antenas para televisor, trabajo informal al que se dedica desde hace muchos años.
Informa que hace más de dos años, cuando recurrió a una Corregiduría para definir el sistema de pago de la pensión a través de giros, en la declaratoria de ingresos reconoció que éstos eran de B/. 500.00 mensuales. "Pero eso era hace años cuando no había crisis económica y las ventas en la calle no estaban como ahora", alegó.
Y aunque el monto original de pensión alimenticia era de B/. 90.00 y fue reducido a B/. 65.00 mensuales, luego de un recurso interpuesto ante un comité de apelación del Municipio de San Miguelito, ello no fue suficiente para que los problemas de Aizprúa terminaran.
Alva Ríos nunca cesó de exigirle a José que cumpliera íntegramente con su responsabilidad, pese a que él niega haber actuado de manera contraria. Pero la versión de éste no fue suficiente para evitar que el corregidor Franklin Mendoza ordenara su arresto el pasado 20 de septiembre por incumplir el pago de la pensión.
Según José Aizprúa, lo que más le molestó de aquella acción fue que el funcionario en su afán de arrestarlo, ordenó la detención por varias horas de su actual compañera, allanó su residencia y falsificó una nota con la supuesta firma de Alva Ríos para justificar la medida ante instancias judiciales superiores.
Detalla que en esa ocasión su mujer asistió a la Corregiduría a llevar copia del giro de pensión que él había hecho. Pero como el depósito fue de B/. 23.00 y no de B/. 32.00 (pago quincenal de la pensión) se le detuvo y advirtió que no sería liberada hasta que José se presentara.
El ofendido añade que paralelo a ello, el corregidor emitió una boleta de captura en su contra, la cual aplicó pese a que se había interpuesto un recurso de Habeas Corpus para evitar el arresto. Esta acción se dio mientras un juzgado municipal había solicitado las pruebas que validaran la orden de arresto.
"Fue aquí cuando fabricaron una carta que supuestamente había firmado la señora Alva Ríos y en la que me denunciaba por incumplir con la pensión. Si tú ves la carta, te das cuenta que la letra y la firma no es de ella, pero todo se creó para meterme preso", criticó José Aizprúa.
Insistió en que violando el debido proceso, el corregidor auxiliar de Cerro Cocobolo ejecutó un arresto preventivo contra su persona, pese a la resolución emitida por el juzgado municipal y a que no se habían cumplido las 48 horas que estipula la ley para la debida notificación.
Las presuntas violaciones a sus derechos llevaron a Aizprúa a denunciar lo acontecido, primero ante el alcalde de San Miguelito Rubén Darío Campos quien, según él, lo llamó "esquizofrénico", pero nunca validó ni examinó las pruebas presentadas.
Aizprúa también presentó su queja por privación de libertad en el centro de recepción de denuncias de la Policía Técnica Judicial (PTJ) en San Miguelito, según consta en nota SM-4098-2002 del 24 de septiembre. No obstante, se queja que el expediente se mantiene "congelado con la intención de proteger las violaciones cometidas por Mendoza". El escalador del Puente de las Américas anticipa que su hazaña en la imponente estructura no será la última, debido a la negativa de las autoridades de dar trámite a sus denuncias.
"Como no lo han sancionado todavía y él sigue en sus actos de corrupción, yo voy a tomar la medida de hacer otra protesta en otro lugar alto, para que por lo menos el Gobierno nos escuche a nosotros, los de la clase popular y sepa que también tenemos los mismos derechos que los que tienen influencias", advirtió.
La protesta que Aizprúa escenificó en el Puente de las Américas no sólo afectó a decenas de miles de ciudadanos que el 12 de noviembre de 2002 se trasladaban desde y hacia la ciudad capital. Franklin Mendoza, corregidor auxiliar de Cerro Cocobolo y personaje demandado por Aizprúa también se siente vinculado.
"Lo que él hizo también me afectó y a mi familia, porque me acusó como responsable de su acción", indicó el funcionario administrativo, al tiempo que negó todas las acusaciones y denunció a Aizprúa por valerse de todo tipo de artimañas para no cumplir con el pago de la pensión alimenticia a su hija.
Indicó que contrario a lo planteado por el denunciante, la morosidad existe y se mantiene en estos momentos en B/. 521.00, "aunque durante los últimos meses está cumpliendo con el monto asignado, no por presión, pero sí por orden de una resolución emitida".
Convencido de que la protesta de Aizprúa está centrada en su negativa de hacerle frente a la pensión alimenticia, el funcionario rechazó que haya utilizado mecanismos fuera de la ley para aplicar una detención. "Unicamente hemos procurado hacer cumplir un derecho superior", argumentó.
En el caso de supuesta privación de libertad contra la esposa de Aizprúa, sostuvo que ella nunca fue retenida en la Corregiduría por no ser parte del proceso. En esa ocasión, agregó, se emitieron tres boletas de captura, pero como José Aizprúa nunca asistió, finalmente se emitió la orden de captura.
En cuanto a la nota que ha sido denunciada como una falsificación, expuso que para consignar el proceso de detención por el incumplimiento de pensión debía constar una solicitud escrita de la persona afectada. "Si hay un problema de veracidad o no con la nota que nos hicieron llegar, eso ya tiene que ver con la señora (Alva Ríos)", comentó.
En un esfuerzo por conocer el estado de las denuncias interpuestas por Aizprúa y su cónyuge en el Centro de Recepción de Denuncias de la Policía Técnica Judicial de San Miguelito, se conversó con las máximas autoridades de esta dependencia.
No obstante, se informó que el estado de los expedientes se mantiene en estricta reserva, debido a órdenes emitidas por las más altas autoridades del Ministerio Público de no divulgar el contenido de ninguno de los expedientes o casos que maneja la institución.
Pero quien sí certifica que las autoridades están tramitando las denuncias presentadas en su contra es Franklin Mendoza. Alegó que ha tenido que remitir copias de determinadas actuaciones en el caso. "También sé que hay un proceso en un juzgado penal y supongo que en cualquier momento me llamarán para rendir declaraciones", dijo.
El corregidor ya ha tomado medidas. Manifiesta que le preocupa que las actuaciones de Aizrpúa tengan efectos negativos en el lugar donde trabaja. "Pienso que él trata de perjudicarme, por lo que he tenido que reforzar la seguridad fuera de la corregiduría, porque me preocupa que haga algo que pueda afectar a las personas que aquí laboran", expuso.
Las acusaciones de corrupción que han sido presentadas en su contra no se quedarán impunes, advierte Mendoza, y agrega que está conversando con sus abogados para interponer una denuncia de calumnia e injuria contra José Aizprúa.
Por lo pronto está convencido de que Aizprúa está perturbado emocionalmente y pone como prueba de ello los fracasos que ha tenido en todas sus relaciones conyugales. José, por su parte, lo niega y lo sustenta con una prueba psicológica que ya le fue aplicada y donde se le calificó de persona estable.
En medio de estos dichos y desmentidos se intentó contactar a Alva Ríos, sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos. Mientras tanto, corresponderá a las autoridades judiciales, de quien José Aizprúa demanda prontitud, dar trámites a cada una de las exposiciones presentadas y resolver finalmente quién tiene la razón, si es que alguien la tiene.
