Ángel De La Cruz, detenido por el caso de los envenenados de la Caja de Seguro Social (CSS), solicitó ser favorecido con una medida cautelar.
Cruz, vinculado a la empresa MEDICOM S.A., advirtió que ha sido un “chivo expiatorio” en este caso y que la responsabilidad principal está en la empresa española Rasfer Internacional y en las autoridades de la CSS que debieron realizar las pruebas al producto.
La defensa de Cruz denunció que el funcionario de instrucción en ningún momento ha aportado elementos que establezcan indicios claros de que él hubiese cometido un delito tan grave como el que se le quiere imputar y mucho menos, que lo hubiese cometido con dolo.
“Nuestro poderdante en ningún momento cometió un descuido en cuanto al manejo y entrega del producto. Él no tenía forma de saber que la glicerina que solicitó no correspondía al producto entregado por la fábrica, en este caso dietilenglicol”, plantea.
Explica que esta responsabilidad era primero del fabricante y luego del Departamento de Farmacia y Drogas, ambos tienen la obligación de realizar todas las pruebas que la ley les obliga.
La Corte Suprema de Justicia remitió el pasado viernes el expediente del dietilenglicol al Ministerio Público para su ampliación y 14 observaciones que deben ser corregidas.
