Landero, que tiene un mes en la institución, está preocupado por las constantes denuncias de supuestos actos de corrupción a lo interno de los centros penales, que está dispuesto a combatir como de lugar.
Prueba de ello, es que el director de proyectos de la institución, José Segismond, ha sido una de las primeras bajas. Está detenido por cobrarle a un interno cinco mil dólares a cambio de trasladarlo de La Joyita al Renacer. Fue sorprendido con las manos en las masas.
El compromiso adquirido por Landero no sólo es acabar con la corrupción, sino implementar la Ley 55 que moderniza el Sistema Penitenciario y que concede derechos a los reclusos.
Recalcó que "no fue puesta en práctica por los actuales directores por miedo a... esto y lo otro". Prefirió no entrar en detalles y mencionó que había directores que veían lo que pasaba sólo en su entorno, sin preocuparse por los problemas integrales de la institución.
Landero contará con un equipo de profesionales que incluye a varias mujeres especialistas en el tema carcelario, que según dijo, "no temen" en ejecutar la Ley 55.
Esta disposición establece que las personas condenadas a penas de entre 3 y 10 años de cárcel tienen el derecho de recibir un día de conmutación, por cada dos días trabajados. Sin embargo, esto no se estaba cumpliendo en las cárceles del país.
Para acabar con este mal, Landero pretende elaborar un manual de procedimientos que detalle a cada funcionario su nivel de responsabilidad dentro de los penales, para que no haya excusa válida.
"Hace falta la toma de actividades y el desarrollo de desempeño frente a actitudes y aptitudes de directores para que esto camine, porque de lo contrario no avanzaremos", acotó.
Los funcionarios designados para dirigir las cárceles del país, a partir del lunes, han sido sometidos a pruebas y su desempeño será evaluado periódicamente.
A partir de la fecha, los funcionarios del Sistema Penitenciario serán supervisados y evaluados, a fin de mejorar el desempeño institucional.
El hacinamiento es la nota constante en todas las cárceles, con un exceso casi de 30%.
En Panamá, la super población carcelaria es de aproximadamente 400 detenidos por cada 100,000 habitantes.
