El 12 de septiembre de 2007, la diputada Marylin Vallarino acaparó grandes espacios en los periódicos, la radio y la televisión. No por la presentación de un polémico proyecto de ley, sino porque se convirtió en la protagonista de una riña callejera mientras participaba de un desfile que se programó para conmemorar los 152 años de fundación del distrito de Arraiján.
A pesar de que el incidente discrepó con lo que se estableció en el Código de Ética y Honor Parlamentario –que pide a los “padres de la patria” comportarse siempre con honradez, transparencia, justicia, responsabilidad, mesura, discreción y seriedad– el tema se manejó bajo perfil en la comisión encargada de dilucidar estos menesteres.
No es para menos. La norma que regula la actuación moral de los diputados no establece sanciones para aquellos que la contradigan con su comportamiento. Las sanciones para los diputados están vetadas y en la norma ética solo se establecieron llamados de atención de forma verbal o por escrito, contrario a lo que los diputados buscan para los ciudadanos.
Eso fue lo que sucedió con la propuesta que presentó Agustín Sellhorn, suplente y esposo de la diputada Marylín Vallarino, quien presentó a consideración de sus colegas un proyecto de ley para sancionar con cárcel a los ciudadanos que ofendan y vilipendien al presidente de la República.
El proyecto, que fue archivado por las criticas de la sociedad civil, imponía sanciones de dos a cuatro años de prisión o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana, a quien infundadamente ofenda, ultraje o vilipendie públicamente al presidente de la República o a cualquier servidor público de elección popular.
La iniciativa cayó como un balde de agua fría y generó una lluvia de críticas. Para Roberto Eisenmann, miembro de Transparencia Internacional, los diputados no tienen la calidad moral para imponer sanciones y deben saber que su vida está sometida al escrutinio público y por eso deben comportarse de acuerdo a su cargo.
“La idea de ese anteproyecto de ley era tan descabellada, que de haberse aprobado hubiera sido peor que cualquiera ley mordaza que tuvimos durante la dictadura”, sentenció.
La propuesta de Shellhorn se impulsó tras la publicación de un artículo de opinión del dirigente civilista Mauro Zúñiga, en el que cuestionó al presidente Ricardo Martinelli. “Hay que revisar de manera integral los códigos morales y éticos de la política, de lo contrario se retrocedería a la época primitiva”, dijo Zúñiga, quien también presentó una iniciativa ciudadana para castigar con cárcel -de ocho meses a cuatro años- a los políticos que incumplan sus promesas de campaña.
Para el sociólogo Raúl Leis, algunos funcionarios denigran a sus compañeros y a la sociedad al ofenderse públicamente y citó como ejemplo, el día que el presidente Ricardo Martinelli le dijo al alcalde Bosco Vallarino que se dejara de hablar “zoquetadas” y se pusiera a trabajar.
Otro ejemplo de la falta de “discreción y mesura” se dio entre los diputados Leandro Ávila y su colega -coincidentalmente- Marilyn Vallarino, quien en un medio televisivo denunció que Ávila la persiguió con un arma de fuego en la Asamblea Nacional.
Si se busca la planilla de la Asamblea Nacional, también se encontrará que el padre del diputado José Blandón es asesor, y que el hijo de Carlos Afú es su suplente.
La última novedad fue el gasto de B/900 mil en viáticos por viajes al exterior. La nota curiosa la dio el diputado Manuel Cohen Salerno, quien le pidió al presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, que aumentara los viáticos porque el dinero no les alcanzaba.
Los diputados también defendieron las contrataciones de unos 582 promotores deportivos y comunitarios que le cuestan al Estado B/3.3 millones.
