Unos 3,000 reclusos están dentro de los programas de formación educativa que se dan en las cárceles del país, de los cuales 671 se graduaron este año en diferentes niveles de educación impartidos por el Ministerio de Educación (Meduca) y el Instituto Nacional para el Desarrollo Humano (Inadeh).
Estos números forman parte de los 4,500 reclusos que están en capacidad de entrar a los programas de resocialización educativa, sin embargo, los 1,500 restantes no acceden a estos programas porque ya han pasado por la educación media y aspiran a una educación superior.
Los programas de capacitación ofrecidos son voluntarios, es decir que no es obligatorio.
Esto es considerado un logro para el director del Sistema Penitenciario, Ángel Calderón, y aunque en números pareciera una cifra baja porque solo representa el 26% de la población penitenciaria, hace 3 años había una baja calificación en cuanto al acceso a la educación en las cárceles con un porcentaje de 7.1.
Estas últimas cifras fueron dadas a conocer en el año 2011 por la Defensoría del Pueblo, tras un informe sobre las cárceles en el que uno de sus renglones era el acceso a los servicios educativos que se ofrecían a los privados de libertad.
El estudio que recoge la realidad del Sistema Penitenciario durante el primer semestre de 2010, elaborado por la oficina de los derechos humanos de los privados de libertad de la Defensoría del Pueblo, indica que para ese entonces había pocos programas y a los existentes no se les daba continuidad.
Esto representaba una cifra de 833 detenidos de los 11,726 reclusos que en 2010 había dentro del sistema carcelario panameño.
Estas estadísticas, reafirmó Calderón, apuntan a los logros alcanzados porque han pasado tres años y la población carcelaria ha reflejado un aumento de unos 4,000 detenidos, es decir actualmente hay un aproximado de 15,000 reclusos en los 23 centros penitenciarios del país.
Pese a esos retos, Calderón aseguró que el trabajo realizado en materia de programas de educación en estos momentos está arrojando resultados positivos.
Explicó que ahora el número de personas con acceso a la educación es mayor. “Antes se graduaban menos de 100 detenidos por año, ahora las cifras están entre los 800 y mil detenidos anuales durante estos últimos tres años”, comentó Calderón.
Educación superior
Sin embargo, el funcionario reconoció que hay retos que cumplir y es principalmente por la situación de darles una oportunidad a los 1,500 reclusos que necesitan acceder a una formación educativa de nivel superior.
En estos momentos de los 1,500 reclusos que ya son bachilleres o aspiran a un nuevo título universitario son muy pocos los que están en condición de estudiar en la universidad y que pueden aplicar a los programas de resocialización extramuros.
Una de esas dificultades es que los detenidos no tienen los suficientes recursos económicos para poder sufragarse los estudios universitarios, tomando en cuenta que como son programa extramuros ellos deben asumir los costos de matrículas y materiales didácticos.
Por esta razón, el jefe del Sistema Penitenciario adelantó que se desarrolla el programa de estudios superiores para traer la universidad a las cárceles.
El programa piloto se inició a mediados del año pasado en el centro femenino de rehabilitación, donde unas 74 mujeres están recibiendo estudios superiores en turismo, técnico superior en el estudio del inglés para laborar en call centers, diseño de modas y como trabajadoras sociales.
Esta formación se dio mediante un convenio con el centro regional universitario de San Miguelito de la Universidad de Panamá.
Antes de que se desarrollara el programa, se hizo un estudio para establecer el número de personas paraesadas en participar en el programa de capacitación y cuáles eran las carreras en las que había demanda y que tenían oferta en el mercado laboral.
Este mismo programa se piensa aplicar en la cárcel El Renacer para el próximo periodo educativo de la Universidad de Panamá, reveló Calderón.
Añadió que en estos momentos se está analizando el número de estudiantes y las carreras que se piensan implementar.
Se conoció que se tiene planificado para este año presentar tres carreras para que vaya creciendo la oferta académica.
Los programas de capacitación ofrecidos a los detenidos son voluntarios, es decir que no se les obliga.
El artículo 14 de la Ley 55 del Sistema Penitenciario establece que la participación a los programas de resocialización por parte de los detenidos es de carácter individual.
Opiniones
La Defensoría del Pueblo y los organismos de la sociedad civil que defienden los derechos humanos de los privados de libertad consideran que todavía hay mucho trabajo por hacer.
Para Javier Mitil, defensor del pueblo adjunto, existe un porcentaje elevado de detenidos que, pese a tener derecho de capacitación, no se entusiasma con los programas educativos y ese es un trabajo que deben realizar las autoridades para promover el paraés por parte de la población penitenciaria.
Por su parte, Rubén Castrejo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, indicó que el 26% de acceso a la educación que demuestran las cifras no es un número para sentirse orgulloso, si se contrasta con los más de 10,000 detenidos que no tienen acceso a este beneficio, porque están en espera de que su proceso vaya a una audiencia.
Muchos de estos detenidos pasan hasta cuatro años en prisión, antes de recibir su condena.
