Mientras que unas 50 organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil pedían ayer la suspensión de la discusión del proyecto que busca reformar el Código Minero, la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional arrancó oficialmente el primer debate.
Sin embargo, la discusión no tuvo mayores avances en la comisión. Pasadas las 8:00 de la noche, y luego de ocho horas de debate y recesos, la sesión se suspendió porque no se cumplió con el procedimiento legislativo, como se establece en el reglamento interno de la Asamblea.
El presidente de la Comisión de Comercio, Aris De Icaza, no solicitó a tiempo que el pleno de la comisión se declarara en sesión permanente, por lo que al cumplirse las cuatro horas reglamentarias de debate la sesión se calló automáticamente.
En el día de ayer, sólo se discutió y aprobó el articulo 1 del proyecto, el cual sufrió una modificación. Los diputados decidieron añadirle a la propuesta que los gobiernos o estados extranjeros podrán aceptar garantías sobre los bienes de la empresa concesionaria con excepción de los terrenos, para asegurar los financiamientos concedidos.
La modificación se aprobó a pesar de que recibió el rechazo de los diputados del opositor Partido Revolucionario Democrático; y del diputado del oficialista Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Jorge Alberto Rosas.
Como argumento, Rosas planteó que con este artículo se crea la posibilidad de que empresas estatales extranjeras puedan titular las tierras donde se ejecutarán los proyectos, lo que está prohibido por la Constitución.
Muchos de los que se oponen al proyecto consideran que este artículo viola la Constitución.
Por su parte, el viceministro de Comercio e Industrias, Guillermo Quijano, manifestó que a los estados extranjeros accionistas de las empresas no se le otorgará un dominio o propiedad, sino una concesión, es decir, tendrán un término fijo; por lo tanto, no se viola la Constitución porque no cede el territorio nacional a los estados extranjeros.
Quijano agregó que de no flexibilizarse el mercado con las reformas al código, la inversión de las empresas como Minera Panamá se dilataría. “No queremos que se haga en ocho años, queremos que se haga ya”, exigió.
La semana pasada concluyó el período de consultas en donde desfilaron por la comisión representantes de 65 organizaciones ambientales e indígenas que rechazan las reformas y exigen una moratoria para que se haga un estudio que determine los efectos ambientales que dejará la minería en el país. La discusión continuará hoy.
