Washington - No contentos con haber fulminado al Departamento de Estado con sus críticas esta semana por el fracaso de las gestiones con Panamá para la creación de un Centro Multilateral Antidrogas (CMA) un grupo de legisladores republicanos está considerando profundizar el caso y llamar a una nueva audiencia.
El plan, que aún no está finalizado, fue revelado por una fuente del Congreso íntimamente familiarizada con la estrategia del Subcomité de Justicia Criminal, Política Antidrogas y Recursos Humanos que preside el conservador John Mica, republicano de Florida.
"El congresista y varios de sus colegas consideran que en esas negociaciones faltó seriedad," declaró un asesor del Subcomité al corresponsal de El Panamá América. "Basta con considerar que en el curso de seis años el Departamento de Estado cambió cinco veces a los negociadores".
Lo que está motivando a Mica y varios otros miembros del Subcomité, que incluyen a dos otros influyentes republicanos, Benjamin A. Gilman, presidente del Comité de Asuntos Internacionales y Bob Barr, republicano de Georgia, no es precisamente indagar en los errores que pueden haberse cometido durante las negociaciones pasadas.
Su propósito fundamental parece encaminado a forzar al gobierno del presidente William J. Clinton a reabrir las negociaciones con el nuevo gobierno que encabezará Mireya Moscoso el 1 de septiembre, para buscar alguna manera de retener una presencia de Estados Unidos en Panamá.
Estos congresistas consideran la Base Aérea de Howard como "un centro estratégico indispensable" para continuar actividades antidrogas aún después de la transferencia del Canal y de las ultimas bases militares de Estados Unidos a fin de año, de acuerdo a los Tratados Torrijos Carter.
En una audiencia el pasado lunes, Mica y Gilman acusaron al Departamento de Estado de haber "perdido una gran oportunidad" para mantener algunas de las instalaciones de Howard mediante el establecimiento del CMA, al fracasar unas negociaciones que fueron iniciadas tras una reunión en 1995 entre los presidentes Clinton y Ernesto Pérez Balladares.
"Fueron inflexibles y ahora se ha debilitado nuestra capacidad de interdicción de las drogas que llegan de Colombia a territorio panameño para luego ser reexportadas al mercado de Estados Unidos", resaltó Gilman.
A pesar de la insistencia de los congresistas, Peter Romero, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, insistió durante la audiencia de que no había ningún plan ni para renegociar el CMA ni para destapar la olla de una nueva base, tras las categóricas declaraciones de Mireya Moscoso de que no aceptaría la presencia de militares estadounidenses en Panamá una vez completado el retiro el 31 de diciembre próximo.
Por su parte, Mica y Barr también insisten en que el Departamento de Justicia provea al Comité más detalles sobre la investigación de las actividades del narcotraficante colombiano procesado, Castrillón Henao, que se encuentra en una cárcel federal de Tampa, Florida, después de haber sido extraditado de Panamá.
Según Mica, el narcotraficante confesó recientemente que contribuyó "centenares de miles" de dólares a los cofres electorales de Pérez Balladares, alegato que fue inmediatamente rechazado por el abogado panameño de éste.
Tampoco el Departamento de Estado dijo tener información sobre el particular. Las fuentes del Subcomité no pudieron precisar cuándo los críticos del gobierno lanzarán su próxima andanada. Pero lo que está claro es que el asunto no quedó cerrado con la audiencia del pasado martes.
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