Miembros de la Asamblea Legislativa discutirán en segundo debate el proyecto de ley que crea el Patronato del Servicio Social Nacional, el cual tiene el objetivo de dirigir y coordinar la organización del servicio social que podrán prestar los estudiantes de educación superior, miembros de organizaciones, instituciones públicas y privadas, así como profesionales y jubilados que promuevan la solidaridad comunitaria de manera voluntaria.
Un despacho de prensa del referido órgano estatal señala que durante su discusión se destacaron los aspectos positivos del proyecto de Ley 28 como lo es el hecho de que es una guía para los estudiantes que van a prestar un servicio social en las diversas comunidades y que deben tener una preparación previa a la labor que van a desarrollar.
El legislador José I. Blandón manifestó que espera que en este período legislativo sí pueda convertirse en ley de la República, tomando en cuenta que para el período pasado quedó pendiente en segundo debate.
La organización del Patronato del Servicio Social Nacional será conformado por el ministro (a) de Educación, el director del Fondo de Inversión Social, el ministro (a) de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, un representante del Consejo de Rectores y un representante de los siguientes organismos: Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Consejo Ecuménico Nacional, Asociaciones Nacionales de Padres y Madres de familia, de los gremios docentes y de la Asociación de Colegios particulares.
El proyecto de ley del Patronato del Servicio Nacional tendrá su propio patrimonio que estará constituido de las partidas que le sean asignadas en el Presupuesto Nacional, las cuales incluyen las donaciones y legados que reciba de personas nacionales y jurídicas, nacionales o extranjeras; y de los aportes de otras instituciones autónomas o semiautónomas del Estado y de los municipios.
Este patronato estará exento de impuestos en las actividades que realice para la adquisición de fondos que fortalezcan su patrimonio, así como en la adquisición de bienes y servicios que se requieran para la ejecución de esta ley y el manejo de los fondos estará sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República, sostiene una información emanada de la Asamblea Legislativa.
