El Gobierno Nacional debe definir la situación del Aeropuerto Internacional de Tocumen y realizar inversiones para hacerlo más eficiente, advirtió ayer el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias, José Javier Rivera.
Indicó que el Gobierno debe decidir si aprueba la corporación del aeropuerto o no, para que se puedan realizar inversiones en este terminal. "Es necesario establecer las reglas sobre el terminal para que quiénes invierten, tengan seguridad en lo que hacen", precisó.
Detalló que se requieren más puertos de abordajes, que los turistas puedan transitar adecuadamente y estabilidad para el personal que labora en Tocumen.
Consideró que ya en el país se está dando un flujo importante en materia turística, pero de igual forma las autoridades deben adecuar el terminal para garantizar su operatividad.
"Por ejemplo, la empresa COPA ha estado invirtiendo pero necesita toda la autorización para construir los puertos de abordaje", manifestó.
222ALAP propone que la terminal sea manejada por un patronato o entidad sin fines de lucro.
La Asociación de Líneas Aéreas de Panamá (ALAP) solicitó que el terminal sea manejado por una institución tipo patronato o entidad sin fines de lucro, y urgió al Gobierno a abordar lo más pronto posible el tema del aeropuerto.
Algunos de los representantes de las líneas aéreas denunciaron la proliferación de "establecimientos comerciales" en la área de Zona Libre del Aeropuerto, lo que impide el libre tránsito de los turistas.
A juicio de Rivera, la cautela en algunas inversiones se debe a la difícil situación mundial, porque antes había mayor oferta crediticia y ahora se han reducido los intereses bancarios.
"Lo mismo pasa con la empresa privada. No es lo correcto o lo ideal, pero son realidades sociológicas y culturales de un país, que deben ir cambiando, pero poco a poco", argumentó. Otro turno en el que el Ejecutivo ha lucido mal es en la renuncia a las partidas discrecionales, su reemplazo por "partidas humanitarias" y publicación.
Al respecto, Jácome consideró que el manejo de la partida discrecional de la Presidencia no debe ser eliminado ni transformado. "Esta partidas deben ser fiscalizadas adecuadamente, como ocurre hoy, para que no sea manejado para beneficios particulares o algún gasto ilegal... La fiscalización de las partidas le compete a la Contraloría o al Ministerio Público y no a la opinión pública, porque ésta no tiene capacidad para determinar cuándo un gasto es justo o no, porque hay muchísimos intereses de por medio", sustentó Jácome.
Sobre la sugerencia de gestionar un Acuerdo Nacional Anticorrupción, el asesor presidencial dijo que no es la prioridad para el gobierno actualmente. "Hay otras prioridades: resolver el tema de la Caja de Seguro Social, la Educación Nacional, los cuales ya hay diálogos que están funcionando. Entrar a discutir un tema de esta naturaleza podría afectar los diálogos que están avanzados y están a punto de rendir frutos importantes para el país", opinó Jácome.
Sobre la iniciativa de convocar licitaciones en los proyectos del Fondo de Inversión Social (FIS), Jácome alegó que en esta entidad se realizan las contrataciones por invitación y así continuará, pues -dijo- es una exigencia de las instituciones internacionales que financian las obras.
222 El órgano Judicial es el único que ha aceptado que tiene fallas humanas en materia de transparencia, y ha mostrado su voluntad de superarlas.
Indicó que la limitación de los viáticos es una situación que sólo involucra a altos funcionarios y para reformar esto hay que hacer muchas consultas.
Jácome añadió que el Ejecutivo tiene la disposición de evaluar la redacción de una ley general de sueldos y otra de carrera administrativa, para que los empleados públicos puedan tener estabilidad y no estén sujetos a despidos.
En cuanto a la reducción de la cantidad de escoltas, Jácome dijo que es un tema de seguridad que depende de un estudio en esa materia. "¿Por qué no te averiguas cuántas escoltas tiene cada funcionario y si hay un criterio de seguridad que justifique eso?... creo que hay una percepción exagerada sobre el tema", justificó Jácome.
Por su parte, Guerra de Villalaz expresó que todas las recomendaciones tienen sustento, porque obedecen a denuncias, principalmente de los afectados que han sufrido la agonía que causa la corrupción. En tanto, Carlos Iván Zuñiga, presidente de la Comisión Anticorrupción, dijo que esta instancia ya cumplió su trabajo, que fue detectar el problema.
Zuñiga manifestó su "esperanza" de que en septiembre el país conozca los proyectos de ley que la presidenta Mireya Moscoso ha prometido, como una manera de cumplir con las recomendaciones
"Ahora es la presidenta la que tiene la pelota... ella decide ahora", dijo Zuñiga. La mayor dificultad para cumplir las recomendaciones es que la temporada está avanzada, pues sólo falta un mes para llegar a los tres años de mandanto. Cualquier jugador responsable trataría de mejorar su promedio porque sabe que, de no hacerlo, seguramente no habrá una próxima temporada.
