La magistrada Graciela Dixon indicó que pese a la situación económica del país, el gobierno debe destinar los dineros que se necesiten para instalar lo antes posible las Sala Quinta de garantías Constitucionales y Casación Laboral.
Indicó que en ocasiones cometemos el error de detenernos frente a factores de orden económico, que nos impiden tomar decisiones que tienen que ver con necesidades objetivas del país y aseguró que ella piensa de manera distinta.
Afirmó que se debe decidir si la necesidad de esta sala existe, lo cual es un hecho, luego analizar si se tiene la posibilidad desde el punto de vista técnico y de recurso humano y consideró que el aspecto económico es lo último en tomarse en cuenta.
"Espero que esto no se entienda como una irresponsabilidad de mi parte, pero es que la planeación debe subordinarse a la necesidad" agregó.
Indicó que todo lo que tiene que ver con administración penitenciaria, servicio de salud, servicio de justicia y servicio de educación son aspectos que tienen prioridades.
La funcionaria manifestó que esta sala descongestionará en gran medida los números de casos, ya que desde el año pasado han manejado un número exagerado de procesos de Garantías Constitucionales, Amparos y Hábeas Corpus que según Dixon "la experiencia me ha dicho que constituye un factor de retraso en la tramitación de los procesos que son propiamente de las respectivas salas".
La funcionaria manifestó que en lo particular esta situación le preocupa, porque tienen que decidir sobre procesos de segunda instancia, cuando vienen de apelaciones procedentes de los Tribunales Superiores de Justicia, o procesos de Casación, que tienen que ver con la vida y libertad de personas.
Indicó que cuando se tiene que detener la atención y el análisis de un caso de este tipo para atender el número plural repentino de procesos de Garantías Constitucionales constituye una "irracionalidad" desde el punto de vista de la administración de justicia.
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