Como una "leguleyada" calificó el fiscal Electoral, Gerardo Solís, la decisión de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Legislativa de archivar los expedientes contra 14 legisladores acusados de supuestos delitos electorales.
Para Solís, esta decisión es "política" y los legisladores quieren "arropar" con un manto jurídico, una decisión que es meramente política.
"Todos conocen que la justicia electoral por disposición constitucional es competencia del fiscal Electoral, señaló.
"A nivel de la justicia electoral el fiscal Electoral tiene la misma jerarquía que el Procurador General de la Nación", dijo.
Aclaró que el reglamento de la Asamblea Legislativa, que precisa que el Procurador es el que solicita el levantamiento de la inmunidad a los legisladores, es expresamente para delitos comunes y no para los electorales.
No obstante, Solís indicó que por disposición constitucional no le queda otra alternativa que respetar la decisión de la Asamblea, pues no tiene el poder político para cuestionarla.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Jerry Wilson, avaló la decisión de la Comisión de Credenciales de recomendar al pleno el archivo de los expedientes seguidos contra 14 legisladores procesados por cometer supuestos delitos electorales.
La Comisión de Credenciales consideró que el fiscal electoral, Gerardo Solís, no tenía la competencia para solicitar a la Asamblea el levantamiento de la inmunidad de los legisladores, ya que esta es facultad del Procurador General de la nación.
Wilson, sin embargo, sostuvo que la decisión de la Comisión de Credenciales es solo una recomendación al pleno que todavía no se ha pronunciado. "La decisión final la tiene el pleno", afirmó.
El funcionario calificó como "errores jurídicos de la Fiscalía Electoral" el haber acogido denuncias por teléfono, otras anónimas, algunas en las que los acusados no se han ratificado y otras que incluso van dirigidas contra personas que no tienen que ver con el legislador, además de solicitar el levantamiento de inmunidad sin ningún sustento jurídico.
Según Wilson, las sesiones en la Comisión de Credenciales fueron abiertas y se vio simple y llanamente que las denuncias no tenían sustento.
"Estamos en un régimen de derecho, aquí no se trata en modo alguno de proteger a nadie".
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