El escándalo que rodea la gestión del magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jerónimo Mejía, por ostentar la representación legal de su firma forense Mejía & Asociados, va más allá de la sola pero peligrosa violación del Código Judicial.
Esta grave falta, que demerita el actuar de una de las más altas magistraturas de la justicia, podría tratarse de tráfico de influencias, interferencia en las decisiones del Órgano Judicial y lo que es peor, en obstrucción de la justicia, afirmaron fuentes judiciales y abogados consultados.
Mejía ha estado involucrado en casos en que su firma habría sido parte interesada.
El magistrado Mejía, quien fue nombrado como juez de garantías en la causa penal contra el expresidente Ricardo Martinelli, es el representante legal de la firma Mejía & Asociados, tal cual consta en la certificación de persona jurídica No. 63054, emitida por el Registro Público, el 13 de enero de 2015.
Lo anterior, como se ha dicho, viola el artículo 46 del Código Judicial y los cánones de ética judicial contemplados en la norma, al Mejía ejercer el comercio y ostentar la representación legal de la firma forense.
El artículo 46 del Código Judicial prohíbe a los magistrados de la CSJ ejercer el comercio, al establecer que “los cargos del Órgano Judicial y el Ministerio Público son incompatibles… con el ejercicio del comercio y cualquier otro cargo aunque no fuese retribuido”.
Abogados consultados aseguran que “disfrazar” la salida del magistrado Mejía de la firma de abogados que él fundó, a través de una escritura pública -jamás acreditada en Registro Público- se puede interpretar como una forma de seguir al mando de las decisiones que se toman en la firma.
En el supuesto de que sea así, implica una situación grave para la administración de justicia, al dejar abierta la puerta y todas las posibilidades para que muchas de las decisiones del máximo Órgano de Justicia y la Sala Segunda hayan sido infectadas por intereses creados de parte interesada.
Destacaron que en un escenario conservador, el magistrado se podría convertir en juez, como de hecho lo es, y en parte, si ha permitido que las decisiones jurídicas que debe tomar dentro del Órgano Judicial se sustenten en el propósito de beneficiar a los clientes de su firma, lo que evidentemente dejaría a la contraparte en el negocio judicial en un estado de indefensión absoluta.
La responsabilidad de todo representante legal de una empresa es velar y defender los intereses de la compañía por sobre todas las cosas.
Por consiguiente, mal se podría decir que una persona con esa responsabilidad -aunque sea magistrado de la Corte Suprema de Justicia- no lo haría, afirmaron abogados consultados.
La representación legal de una empresa o sociedad se prueba y legaliza con la inscripción en el Registro Público.
Este estatus permite a quien lo ostente dentro de una empresa hacerse cargo de los negocios y obligaciones, que los administre y disponga de ellos según las condiciones acordadas en el momento de crearse la representación.
El representante legal es la voluntad de la empresa, además de ser quien obliga o compromete a la compañía con su firma o manifestaciones.
Crecimiento
El asunto se torna más preocupante aún si lo descrito anteriormente se contrasta con el rápido crecimiento que ha experimentado la firma Mejía & Asociados, desde que su representante legal, Jerónimo Mejía -como consta en la certificación de persona jurídica No. 63054, emitida por el Registro Público, el 13 de enero de 2015-, fue designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con fuentes dedicadas a los servicios legales.
Se trata de un hecho cierto, que despierta suspicacias en todos los ámbitos del derecho.
Jerónimo Mejía, quien desde enero de 2008 funge como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ha estado involucrado en una cantidad sin determinar de procesos en los que su firma podría haber sido parte interesada.
Las suspicacias que se generan bajo el prisma de cuáles fueron las razones por las que la renuncia del magistrado Mejía a su firma jamás se protocolarizaron en el Registro Público son muchas, pero son más las que dejan dudas sobre el trámite legal y prístino de su gestión y si hubo o no tráfico de influencias en las decisiones de su despacho.
Certificaciones
Aunque la firma Mejía & Asociados trató de desvincular al magistrado de la representación legal de la empresa, las certificaciones del Registro Público demuestran lo contrario.
El documento notariado, que supuestamente certifica que el magistrado Mejía no tiene vinculación con la firma forense, es solo un documento notariado sin acreditación en Registro Público.
Esta situación le quita valor frente a la certificación del Registro Público, dijo un abogado consultado.
Otros juristas insisten en señalar que la escritura pública presentada por Mejía & Asociados no desvirtúa el documento del Registro Público, porque esta institución es la única instancia que garantiza “la autenticidad de los documentos, títulos o actos que deben registrarse para ofrecer seguridad jurídica de la propiedad privada a los usuarios”.
La escritura pública del año 2008, que presentó la firma Mejía & Asociados, aunque introducida en el Registro Público, no compite en el ámbito de la legalidad con lo que establece la Certificación de esta institución del 13 de enero de 2015, aseguran los abogados consultados.
Es solo un documento paralelo sin validez legal, que intenta burlar el Código Judicial y sus cánones de ética, reiteraron los juristas.
El documento presentado por la firma Mejía & Asociados fue emitido por la Notaría Undécima de Circuito y lleva la firma del notario Augusto César Arosemena.
Tiene estampado el sello que asegura que fue inscrito en el sistema tecnológico del Registro Público el 30 de marzo de 2008, pero pareciera que nunca se realizó el trámite de inscripción, ya que el documento no está registrado.
Datos
- 7 años tiene como magistrado de la Corte Suprema, Jerónimo Mejía.
- 15 años tiene de operaciones la firma Mejía & Asociados, de la que es parte el magistrado.
