Declaración de Bienes no es información privada

MÁS DE 1,400 funcionarios están incumpliendo la Ley 59, que dicta medidas en contra de la corrupción administrativa y que reglamentó el artículo 299 de la Constitución Nacional que obliga a los servidores a presentar sus declaraciones de bienes al inicio y al término de sus funciones.
La Ley establece que todos los empleados y agentes de manejo, incluyendo al propio Presidente de la República, deberán presentar una declaración jurada de su estado patrimonial, mediante una escritura pública, en un término de 10 días hábiles, situación que hasta el momento muchos funcionarios no han cumplido.
La ley es clara al señalar que aquellos funcionarios que incumplan esta norma se les suspenderá el pago de sus emolumentos.
Sin embargo, el contralor Dani Kuzniecky informó que prepara seminarios de capacitación sobre el tema, destacando que existen funcionarios que "desconocen" esta obligación, a pesar que la Ley en mención no contempla prórroga alguna.
La Defensoría del Pueblo ha exigido a los funcionarios que envíen sus DEJP para publicarla en su Nodo de Transparencia, sin embargo, una considerable cantidad de funcionarios, incluyendo al propio Torrijos, no lo ha hecho.
No obstante, Torrijos enfatizó que de no existir constancia en la Defensoría "no constituye violación a precepto legal alguno", porque las normas vigentes no lo exigen.
Por su parte, el diputado José Isabel Blandón, quien presentó la propuesta en 1999, expresó que "no se justifica legal ni moralmente" que Torrijos que adquirió el compromiso de cero corrupción incumpla la norma.
"Es inadmisible que Torrijos hable a cada rato de transparencia y sin embargo, no quiere dar a conocer su declaración de bienes", dijo.
En tanto, la titular de Vivienda, Balbina Herrera, justificó que muchos funcionarios no hayan declarado sus bienes, argumentando que "desconocen" la medida. "Voy a pelear para que las declaraciones de bienes no sean divulgadas a todo el mundo, porque hasta allá la transparencia no llega", dijo.
Explicó que la recomendación la planteó en el Consejo de Gabinete y cuando fue diputada porque "el país no tiene los niveles de seguridad" necesarios.
"En este país a cualquiera lo buscan, lo corretean y lo matan", sostuvo Herrera, quien advirtió que en Panamá existen situaciones que muchos desconocen.
En septiembre de 2004, la Defensoría recomendó a los notarios públicos cumplir con las disposiciones constitucionales y legales que los obliga a conservar en sus archivos las declaraciones juradas patrimoniales, con miras a que esta información esté disponible al escrutinio ciudadano.
El defensor Juan Antonio Tejada indicó que la falta de credibilidad y de confianza hacia la administración pública debe llevar a redoblar el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.