El presidente del Colegio de Abogados, Carlos Vásquez, planteó la necesidad de que todos los funcionarios públicos de mando y jurisdicción que manejan bienes presenten anualmente una declaración de patrimonio.
Afirmó que esto evitaría que se presenten circunstancias como la del Banco Nacional de Panamá, el Museo Reina Torres de Araúz y otros casos que son investigados por el Ministerio Público. Sostuvo que si se requiere una reforma a a la Ley No.59, ésta podría ser presentada para que la declaración de patrimonio no sea al comienzo y al final de cada período, sino anualmente.
Indicó que hay muchos pasos que se tienen que dar en busca de la transparencia de la gestión pública y éste es uno.
Precisó que debe ser una declaración donde señale sus fuentes de ingreso, cuánto percibe como salario, qué bienes posee, si participa en alguna sociedad, si tiene cuentas o negocios, de manera que pueda rendir cuentas y se pueda determinar si hay un incremento injustificado del patrimonio.
Planteó que es el momento oportuno para reformar la ley y evaluar el alcance de la norma debe ser el primer paso para liberar algunos aspectos que han sido afectados en las tareas del Ministerio Público.
Señaló que un fallo de la Corte Suprema de Justicia limitó notoriamente el desarrollo de las investigaciones en torno a determinado funcionario público y lo mismo sucedió cuando se hicieron las investigaciones de lo ocurrido en la Asamblea Legislativa donde fue evidente la falta de voluntad de los legisladores para despojarse de su inmunidad. "Debe existir un compromiso de Estado y es el momento oportuno para hacerlo", recalcó Vásquez.
Los señalamientos de Vásquez se dan a raíz de las críticas surgidas en torno a la Ley No.59 sobre enriquecimiento ilícito, donde el Procurador ha manifestado que la misma le resta facultades investigativas al Ministerio Público.
Según Bennett cálculos empíricos de su asociación indican que los tranques ocasionan anualmente pérdidas superiores a los dos mil millones de balboas, por la ineficiencia en el tránsito y en el transporte. La mayoría de las empresas panameñas son medianas y pequeñas y no resisten quedarse uno o dos días cerradas, inclusive horas, para gestionar sus actividades.
El profesor Miguel Angel Candanedo, decano electo de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, hizo un recuento histórico de las luchas estudiantiles en Panamá. Candanedo recordó las gestas históricas del movimiento estudiantil desde la década del 40, en la que la capacidad de convocatoria fue excelente, de llenar el Paraninfo y lograr la participación de más de 5,000 estudiantes cuando la matrícula era muy inferior a la actual.
Indicó que se ha reunido en diversas ocasiones con la dirigencia estudiantil sobre la necesidad de revisar los métodos de protesta. Recordó con muestras de evidente satisfacción la experiencia del 9 de mayo de 1991; previa a la marcha de ese día, se realizó una amplia movilización a lo interno de la universidad que consistió en visitar las aulas universitarias; el resultado fue todo un éxito al lograr convocar a cerca de 20,000 personas.
Candanedo destacó la necesidad de que el movimiento estudiantil haga una revisión y discusión amplia con los estamentos de la universidad sobre los métodos de protesta y elevar la conciencia política estudiantil que- en gran medida- se ha despolitizado; muchas veces se sale a la calle sin saber a ciencia cierta los motivos de la protesta. Existen condiciones objetivas en Panamá para que el movimiento estudiantil y sus sanos ideales de justicia social encuentren el caldo de cultivo propicio para que la universidad se haga sentir en el país, advirtió.
Con gran satisfacción Candanedo indicó que en su facultad todos los grupos organizados lo apoyaron en su camino para dirigir el decanato y que lo identifican como solidario en sus posturas estudiantiles. Pero a la vez reconoció que se hace necesario conversar para buscar nuevas formas de operar y que cuando las protestas se produzcan tengan el respaldo de la comunidad universitaria y sean miles y no cuatro estudiantes los que salen a tirar piedras. Esta situación ocasiona la repulsa pública de la ciudadanía. Se trata de buscar mecanismos para que la imaginación llegue al poder.
Como referencia, Candanedo recordó el papel histórico que desempeñó la dirigencia estudiantil en el rechazo a los tratados que lesionaban la soberanía nacional. Seguirá siendo un ejemplo el rol de Jorge Illueca en la década del 40, quien en compañía de Carlos Iván Zuñiga, Carmen Miró y Secundino Torres Gudiño, entre otros, convocaron la protesta social; en la década del 50 la participación de Carlos Arellano Lennox resultó legendaria con la siembra colectiva de banderas; luego en la década del 60 se destacó Víctor Avila, Rolando Armuelles, Renato Pereira y muchos otros, quienes en los momentos dorados, lograron convocar multitudinariamente al movimiento estudiantil y el país sentía especial respeto por sus protestas. De lo que se trata es de volver al camino de elevar la fuerza moral de la convocatoria estudiantil, indicó.
Las protestas estudiantiles también tienen sus motivaciones psicológicas. Al respecto el profesor Ricardo Monterrey, catedrático de la Escuela de Psicología de la Universidad de Panamá indicó que siempre los jóvenes se han revelado contra la sociedad y son maneras naturales de ir cambiando. El problema radica en la forma cómo se protesta. Monterrey se mostró contrario a éstas y no en las protestas mismas. La sociedad debe prestarle oídos a las protestas no sólo de los jóvenes, sino de todas aquellas personas humildes que reclaman sus derechos. Lo que los jóvenes indican con sus protestas es que hay situaciones que son injustas en la sociedad y que debe existir una mayor distribución de la riqueza y mayor justicia social. Los políticos deben comenzar a leer las protestas y buscar mecanismos para atenderlas.
Ante la falta de alternativas para los problemas cotidianos que aquejan a la sociedad, desde el punto de vista psicológico, se produce una frustración y se protesta y reacciona agresivamente. La psicología del panameño indica que por lo general, esperan que sean las autoridades o la empresa privada quienes deben resolver los problemas.
Por su parte, Marco Gandásegui, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Panamá indicó que los estudiantes no constituyen una fuerza política sino una voz de los sectores populares que no la tienen. Según el catedrático universitario, los gobiernos de turno siempre han tenido sus dilemas: Pérez Balladares decía que los estudiantes no lo querían. Ahora Mireya Moscoso afirma que quieren desestabilizar a su gobierno. En realidad, los estudiantes no tienen por qué querer a un presidente de la república, ni tienen motivos para desestabilizar un gobierno. Su aspiración es denunciar las injusticias sociales. Esto es lo que explica las protestas estudiantiles. No podemos continuar con la población excluida. Esa es la razón de ser del movimiento estudiantil. Los métodos pueden ser cuestionables, pero no las causas que originan las protestas, advirtió.
Según Viola de González, directora de Vida y Motivación Estudiantil de la Vice Rectoría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Panamá, existen en la actualidad más de 30 grupos debidamente organizados y registrados en esa entidad. Por lo general dichas asociaciones llevan a cabo diferentes actividades que buscan su bienestar y su desarrollo como agrupación. Se destaca el Movimiento Juventud Patriótica (MJP 15), el Frente Estudiantil Revolucionario (FER 29), el Bloque Popular Universitario (BPU) y el Pensamiento y Acción Transformadora.
Agregó que la efervescencia estudiantil se produce como resultado del convencimiento que las agrupaciones tienen sobre los intereses familiares y comunitarios que son lesionados por los programas de gobierno. Reconoció que las protestas son normales pero reconoció que dada la situación del país, tan afectado económicamente, se hace necesario buscar otros métodos de protesta: cadenas humanas, pancartas que no obstaculicen el libre tránsito, mitines en todos los predios universitarios.
Según González, la gallardía y valentía universitaria se canaliza a través de las protestas y del cierre de calles, toda vez que ellos sienten que esa es la única forma en que se les presta más atención. Aclaró que en su gran mayoría los dirigentes estudiantiles se cuidan de tener el índice académico mínimo que es de 1.50 que les garantice participar en las elecciones universitarias. Sin embargo se les permite 1.00 como índice.
Explicó que los dirigentes, al igual que todos los estudiantes universitarios, tienen los mismos derechos al solicitar algunos beneficios. Explicó que, para hacerse acreedor de tales beneficios, deberán realizar trabajos académicos dentro de la universidad.
