A pesar que el Artículo 1752 del Código Civil establece la obligación que tienen los notarios públicos de expedir "a cualquiera persona" copias debidamente autenticadas de los actos y contratos que se hallen incorporados en el protocolo (archivo), muchos son los funcionarios que se oponen a esta norma.
Entre ellos está el mandatario Martín Torrijos, quien aseguró que las Declaraciones Juradas de Estados Patrimoniales (DJEP) sólo pueden ser solicitadas a las notarías por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y por autoridades jurisdiccionales, tal como lo revela una consulta elevada a la Procuraduría en el 2004.
Sin embargo, la Ley de Transparencia estableció el principio de publicidad, según el cual toda la información que emana de la administración pública es de carácter público, con excepción de aquella que la Ley considera de carácter confidencial o de acceso restringido.
