- 18 de diciembre, el Tribunal deberá validar el acuerdo al que llegaron la defensa y el fiscal por el otro caso.
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El Tribunal de Nápoles condenó ayer al italiano Válter Lavítola a tres años de prisión al encontrarlo culpable de intento de extorsión a la empresa italiana Impregilo, en el caso vinculado a la frustrada construcción de un hospital en Veraguas durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.
Además, el Tribunal de la Sexta Sección del Colegio de Jueces del Tribunal de Nápoles, que preside la magistrada Giovanna Cepalluni, lo condenó a pagar 2,477 dólares de multa.
Los fundamentos de la decisión condenatoria –núcleo de la sentencia- estarán recién dentro de 90 días, se informó. La defensa de Lavítola anunció que apelará la sentencia, según dijeron sus abogados defensores.
La sentencia -dada a conocer tras más de cinco horas de debate secreto- fue más dura de lo que el propio fiscal del caso, Vicenzo Piscitelli, había pedido como castigo para el acusado.
Piscitelli solicitó un año y dos meses de prisión por intento de extorsión. El Tribunal, entre un máximo de 6 años y ocho meses establecido en el Código Judicial italiano y el mínimo pedido por el fiscal, se decidió por una pena de tres años de cárcel.
Lavítola ya se encuentra recluido en una prisión en Nápoles por otros casos judiciales.
Antes de conocerse la sentencia, la abogada defensora de Lavítola, Marianna Febbraio, expuso los argumentos de la defensa y pidió la absolución del acusado.
Según la abogada, durante el proceso no se probó ningún delito, como así tampoco que existía una asociación para recibir sobornos entre Lavítola, Martinelli y el empresario Rogelio Uruña, hipótesis sostenida por el fiscal Piscitelli.
Febbraio explicó que, en la acusación, la relación entre estas tres personas estaba sustentada solo a partir de dos testimonios: el del italiano Mauro Velocci y el del periodista español Joan Solés, corresponsal de Radio Panamá.
En ese sentido, según definió la abogada, los dos testigos eran “muy poco fiables”.
Para la defensa, por otro lado, tampoco se probó el intento de extorsión mediante el cual, según la tesis de la fiscalía, Martinelli iba a hacer declaraciones públicas para perjudicar a Impregilo si esta empresa no construía el hospital pediátrico en Veraguas, prometido por el exministro Silvio Berlusconi durante su visita a Panamá en 2010.
Eso último se desprende de una interceptación telefónica –de agosto de 2011- entre Berlusconi y el expresidente de Impregilo, Massimo Ponzellini que se encuentra en el expediente judicial.
Durante esa charla, Berlusconi le dijo al ejecutivo que si Impregilo no construía el hospital prometido, Martinelli iba a hacer unas declaraciones públicas para perjudicar la cotización de las acciones de la empresa italiana.
Llamado a declarar durante el juicio –dijo la abogada- el mismo Ponzellini desestimó la supuesta amenaza, y solo se limitó a “agradecer” a Berlusconi por el llamado telefónico.
El 12 de junio pasado, Ponzellini declaró que la caída de las acciones de Impregilo era casi imposible, según recordó la defensora de Lavítola y aclaró que para Ponzellini “no había un problema” y que, asimismo, el ejecutivo definió la supuesta amenaza como “una broma”.
En tanto, Febbraio recordó que el exconsejero delegado de la empresa Adalberto Rubegni definió la llamada telefónica entre Berlusconi y Ponzellini como un disparate y también le restó importancia al asunto. Eso según se desprende de una conversación interceptada entre el propio Rubegni y Ponzellini. Febbraio dijo que la conversación entre estos dos últimos transcurrió en tono distendido, sin darle importancia a la supuesta amenaza de Martinelli.
El próximo 18 de diciembre, el mismo Tribunal deberá validar el acuerdo al que llegaron la defensa y el fiscal por el otro caso que involucra a Lavítola con Panamá sobre supuesta corrupción internacional.
En este caso, Lavítola llego a un acuerdo en el que no se declaró culpable, aunque asumió una pena de 11 meses de prisión.
