El Tribunal Superior de Trabajo declaró legal la huelga de los trabajadores de la Barcaza Chilibre, afiliados al Sindicato de Trabajadores de Servicios Marítimos de Remolcadores, Barcazas y Afines de Panamá, indica una nota oficial.
"Esta sentencia anula la acción legal de los propietarios de la Barcaza Chilibre, presentada ante los juzgados de Trabajo, en la cual solicitaban que se declarara ilegal la huelga decretada por los trabajadores", señala el documento del Ministerio de Trabajo y Bienestar Laboral (MITRADEL).
Añade que de esta forma se confirma que la entidad cumplió con todos los trámites y pasos legales exigidos para la huelga.
La ponencia de este caso estuvo a cargo del magistrado Abel Augusto Zamorano, en sentencia del 18 de mayo de 2000.
Según el escrito, representantes de la empresa Tropac Maritime Inc., propietarios de la Barcaza acusaron al titular del MITRADEL, Joaquín José Vallarino III, ante la Procuraduría General de la Nación, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
Los denunciantes aseveraron que el funcionario había ordenado la retención ilegal de la mencionada Barcaza, sin que mediara ninguna medida cautelar o resolución, causando un conflicto laboral con la tripulación de dicha embarcación.
No obstante, la sentencia No. 5 del 10 de mayo de 2000, emitida por el Juzgado Primero de Trabajo de Colón, donde se interpuso la denuncia, establece que el Sindicato de Trabajadores de Servicios Marítimos de Remolcadores, Barcazas y Afines de Panamá (SITRASERMAERP), cuyos integrantes laboran en la motonave Chilibre, luego de haber negociado un pliego de peticiones con la empresa Kolney Co. Inc., y no lograr ningún tipo de acuerdo, declaró de manera formal una huelga el pasado 5 de abril del 2000.
Las autoridades de Trabajo verificaron que la huelga cuenta con el apoyo de la mayoría de los trabajadores, y giraron la orden de cierre y custodia del local conforme a lo establecido en el artículo 493 del Código de Trabajo.
En estos casos, donde se declara huelga, al MITRADEL sólo le corresponde dar la orden a las autoridades de policía para garantizar el cierre de la empresa y proteger debidamente a las personas y propiedades, subraya la nota.
