El Juzgado Primero Penal declaró la nulidad de las sumarias seguidas al israelí Shimon Yelinek por su presunta relación con el tráfico de 3,000 fusiles AK-47 abordo de la embarcación de bandera panameña Otterloo y que terminaron en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). No obstante, esta decisión fue inmediatamente apelada por la Fiscalía de Drogas, que llevó las investigaciones.
Una fuente judicial confirmó que el tribunal declaró su falta de competencia para investigar estos hechos, debido a que todos se registraron fuera de la jurisdicción nacional. En su resolución, el tribunal sustenta su decisión en que las armas fueron embarcadas en Nicaragua y entregadas en Colombia.
La fuente precisó que el juzgado estableció de manera objetiva que ninguna de las averiguaciones realizadas por la fiscalía se dieron en territorio panameño y que sólo una orden de compra de la Policía Nacional había sido falsificada para realizar la transacción sobre el armamento.
En ese sentido, el director de la Policía Nacional, Carlos Barés, dijo sentirse satisfecho con las pesquisas realizadas por la fiscalía, pero consideró que las investigaciones debieron hacerse de manera más profunda para establecer la posible responsabilidad de ciudadanos panameños en estas irregularidades.
Durante la investigación, el Juzgado Primero Penal había concedido una fianza de B/.750,000 a favor de Yelinek (quien reside en Panamá), por lo que éste pudo abandonar la prisión tras consignarla y comprometerse a permanecer en el territorio nacional.
Las autoridades de Colombia y la Interpol detuvieron el lunes a siete miembros de una red internacional que supuestamente efectuó este contrabando de armas desde Nicaragua hacia los paramilitares colombianos.
En Estados Unidos los productos perecederos de origen agropecuarios procedentes de Panamá llegan a puertos de Miami y Nueva York, mientras que en Europa los más importantes puertos de distribución son: Alemania, España y Holanda.
Las normas de la Comunidad Europea entrarán en vigencia a partir de enero del 2004 y la ley contra el bioterrorismo de Estados Unidos en diciembre de este año.
Recientemente los productores agropecuarios expresaron su inquietud sobre las nuevas reglas contra el bioeterrorismo que surgió producto de los atentados del 11 del septiembre del 2001.
