La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró que es viable el contrato suscrito entre el Ministerio Público y la empresa Fairfax para la instalación de laboratorio de ADN, pero estimó que éste no pudo realizarse ante la contención del gasto ordenada a todas las dependencias del gobierno para el año 2,001.
Al resolver un recurso de viabilidad jurídica, bajo la ponencia del magistrado Arturo Hoyos, se determinó que los recursos del proyecto quedaron afectados con las medidas de contención del gasto para la vigencia fiscal 2,001, lo que significa la inexistencia de saldo disponible dentro de la asignación presupuestaria para cubrir la erogación derivada del contrato.
Sin embargo, los magistrados difieren de la posición asumida por el contralor Alvin Weeden, al sostener que el Ministerio Público sí cumplió con el requisito de la competencia pública de conformidad al numeral 19 del artículo 3 de la ley 56 de 1,995.
El contralor Weeden no refrendó el contrato suscrito entre Faifax y el Ministerio Público bajo el argumento de que no se había llamado a una licitación internacional para la asignación del contrato de un laboratorio de ADN. También alegó que al acto público sólo asistieron dos empresas y una de ellas quedó descalificada, por lo que debió declararse desierta y llamarse a una segunda licitación para cumplir con la ley.
No obstante, estos argumentos fueron desechados por la máxima corporación de justicia, que señaló que el Ministerio Público había cumplido con todas las normas legales exigidas en estos procesos y que el proyecto era perfectamente viable.
A la vez, en sus consideraciones los magistrados de la sala estiman que le asiste la razón a la Contraloría en cuanto a que al decretarse una contención del gasto sobre los recursos asignados dentro del presupuesto para este contrato, éste no podría realizarse.
Ante esta situación no le queda otra vía al Ministerio Público que incluir nuevamente el contrato dentro de su vista presupuestaria para el año 2,004. El laboratorio de ADN sería utilizado para la realización de unas 3,000 pruebas de paternidad responsable.
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