La Pastoral Social-Cáritas de Panamá fustigó nuevamente el decreto alcaldicio No.25 mediante el cual se regula la actividad de la buhonería para los inmigrantes en el distrito capital, aduciendo que este representa un claro acto de violencia, tomando en cuenta que en el ámbito internacional se inició una campaña para la ratificación de la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios, auspiciado por diversos organismos de derechos humanos.
Se conoció que esta organización acogió la iniciativa, por lo que se comprometió redoblar esfuerzos para que este acuerdo sea también respaldado por las autoridades nacionales.
Cáritas de Panamá defendió a los extranjeros afectados por la medida establecida por la Alcaldía capitalina, ya que según se informó que muchos de los que se dedican a esta actividad llegaron a Panamá por diversos problemas, sociales, familiares y económicos en sus tierras natales.
Otras de las causas por la que Panamá ha sido un punto de acopio para los extranjeros, según Cáritas de Panamá, es por que en la década pasada la región fue presa de las guerras civiles, lo que provocó una migración forzosa.
Recientemente un grupo de extranjeros afectados por la medida, se reunieron en vigilia en la Basílica de Don Bosco para exigir respeto a sus derechos y realizaron una marcha a la Corte Suprema de Justicia para interponer un amparo de garantías para que las autoridades reconsideren la decisión.
Para Cáritas de Panamá la determinación de la Alcaldía limita las posibilidades de ganarse dignamente la vida a los emigrantes y sus familiares, quienes en gran parte ya tienen hijos y cónyuges panameños.
El llamado de Cáritas se extendió a los representantes diplomáticos de las nacionalidades perjudicadas principalmente de Perú, República Dominicana, Colombia, Ecuador y Nicaragua, por lo que le solicitamos no abandonar a sus compatriotas y los "invitamos a unir esfuerzos para favorecer a los inmigrantes".
El decreto firmado por la Alcaldesa Mayín Correa, fue catalogado también por la organización como una claro acto de violencia, ya que según anunció atenta contra los derechos fundamentales de los extranjeros que se dedican a esta actividad.
La decisión de estas organización humanitaria surgió por el llamado que le hicieron un grupo de persona extranjeras que en Panamá se dedican a la venta de dulces, chichas, frituras y buhonería en general para obtener dinero para que tanto sus familia como ellos puedan subsistir.
Según un comunicado del Municipio de Panamá el "controversial" decreto 25 fue creado con la colaboración de los representantes de Migración, Aduanas y los ministerios de Salud, Trabajo y Comercio, para resolver problemas que se derivan de la buhonería como es el contrabando, la carencia de permisos, usurpación de aceras y paradas.
