El presidente de la República, Ricardo Martinelli, firmó ayer el Decreto N.º 30 en el que ratificó su compromiso de no explotar la mina de Cerro Colorado ni de ningún otro yacimiento dentro de la jurisdicción de las comarcas indígenas.
Además, estableció una comisión de Alto Nivel que se encargará de definir el marco general de un programa social para la comarca Ngöbe Buglé.
Sin embargo, la legalidad del acuerdo celebrado entre el presidente Martinelli y el dirigente indígena Roberto Moreno fue puesta en duda.
El párroco de Tolé, de la diócesis de David, Carlos De la Cruz, denunció que Moreno recibe un supuesto “chequecito” por un cargo que no ejerce.
El sacerdote De la Cruz manifestó a través de un comunicado, que lo único que piden los ngöbes es que se derogue la Ley 8 que “violenta la dignidad, no solo de los ngöbes, sino también de todos los panameños”.
En tanto, el Tribunal Electoral (TE) informó que no reconoce a Moreno como cacique general de la Comarca Ngöbe Buglé.
El magistrado del TE, Gerardo Solís, informó que en la Comarca Ngöbe no se realizaron elecciones legítimas que cumplan con las formalidades de la ley, por lo que Moreno no puede ser considerado cacique.
Sin embargo, aclaró que aunque no es cacique general, sí se reconoce su “liderazgo natural” sobre un grupo de indígenas.
El funcionario explicó que entre los requisitos para ser cacique se establece una edad de 40 años y la acreditación del TE, pero ninguna de estas normas las cumple Moreno.
En tanto, el Comité Coordinador de la Gran Alianza por la Seguridad Ciudadana propuso crear un diálogo con todos los miembros de la sociedad civil para encontrar una solución armónica al conflicto del tema minero.
Comunicó que se ofrece como mediador, debido a que considera el diálogo como la única vía para el entendimiento.
