El defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Gonzalo Vargas Llosa, promoverán la reforma del Decreto Ejecutivo No. 23 de 1998, sobre refugiados.
Ambos, mostraron preocupación por mejorar la legislación sobre el tema en Panamá y estuvieron de acuerdo en que el Decreto Ejecutivo No. 23, tiene limitaciones en cuanto a estándares de protección a los refugiados y personas bajo protección temporal.
El Defensor del Pueblo manifestó que la norma es "excesivamente restrictiva", ya que estas personas sólo tienen derecho a asistencia humanitaria, repatriación voluntaria y mantenimiento de su familia.
El ACNUR y la Defensoría del Pueblo, firmaron un convenio de colaboración para mejorar la condición de los refugiados y asilados en Panamá.
Se busca que aquellas personas que acuden al país, solicitando refugio o asilo tengan garantizados sus derechos fundamentales, consagrados en acuerdos suscritos por Panamá.
Vargas Llosa indicó que el acuerdo, promueve que la nueva ley migratoria, que será discutida en la Asamblea Nacional a partir del 1 de septiembre, favorezca a quienes busquen protección internacional.
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