El defensor del pueblo, Italo Antinori, pidió a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, que derogue el Decreto Ejecutivo N° 70 del 6 de agosto de 1999, que define la aplicación de la Ley Colón Puerto Libre para un sector específico de Colón, porque viola los derechos humanos del pueblo colonense.
Mediante una nota, Antinori comunicó a la mandataria el resultado del segundo Cabildo Abierto realizado en la costa atlántica, donde se hizo hincapié de que este decreto ejecutivo, que fue expedido poco antes de iniciarse el mandato de la actual mandataria, se emitió sólo para amparar un proyecto empresarial denominado Colón 2000.
En este sentido, el funcionario plantea que resulta inadmisible que se ejecute un proyecto en beneficio y provecho de unos y en detrimento y olvido de los demás colonenses, quienes tienen tanto o más derecho a desarrollar la zona.
Antinori plantea en la nota a la presidenta que se está haciendo eco del clamor de los colonenses, para que se suspenda el proyecto Colón 2000, hasta que se apliquen los beneficios de Colón Puerto Libre a toda la isla de Manzanillo, tal como lo señala la Ley 29 del 30 de diciembre de 1992, que creó un sistema de Puerto Libre, que inicialmente sería aplicable a toda la isla.
Aclaró a la presidenta de la República, que la propia ley permite la posibilidad de ampliar el Puerto Libre al resto de la provincia de Colón, con una resolución de la Asamblea Legislativa, previa consulta con los organismos pertinentes.
Además, consideró que el decreto del 6 de agosto de 1999, es inconveniente, porque ordenó crear un relleno que le da uso exclusivo de las riberas y las playas a Colón 2000, impidiendo que los colonenses tengan acceso a un área que tradicionalmente le ha servido como un sitio de esparcimiento.
Argumentó que crea una cerca que limitará la vista del resto de la población y discrimina a la población creando fueros y privilegios a favor de un grupo empresarial.
Advirtió que existe un clima de malestar, incomodidad y disgusto entre el pueblo colonense, por lo que urgió a la mandataria a derogar el decreto ejecutivo en mención para que se cumpla cabalmente con lo establecido en la Ley 29 del 30 de diciembre de 1992.
