El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, se unió al grupo de sectores que están inquietos e inconformes con los proyectos de reformas a los estamentos de seguridad ciudadana.
Con este pronunciamiento, La Defensoría se une a grupos como Transparencia Internacional (TI) y el Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción, que observan con preocupación el contenido de estos decretos.
En ese sentido, el defensor señaló que este asunto es indiscutiblemente un tema de Estado, que tiene que ser discutido y analizado sobre la base del más amplio diálogo político y social, con miras a generar la máxima confianza ciudadana.
"He analizado legislaciones como la española y la chilena, en materia de inteligencia y seguridad. Ambas fueron adoptadas mediante leyes debatidas y aprobadas por sus respectivos órganos legislativos", aportó.
Vargas expresó que para evitar el abuso o exceso en el ejercicio de las atribuciones y facultades dadas al Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, se requiere una mejor definición y abordaje de los controles ahí previstos.
En lo relativo a la transparencia y rendición de cuentas, el funcionario recomendó que los directivos de la nueva estructura de seguridad presenten una Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales, ante notario público.
Tal previsión ha sido contemplada en el artículo 14 de la Ley que en Chile regula el tema de seguridad.
También observó con preocupación, que en la propuesta se clasifica la información como de carácter secreto, reservado y confidencial, en clara contradicción a lo dispuesto en la Ley No. 6 de 2002, que regula la Transparencia en la Gestión Pública.
En ese aspecto y con anterioridad, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción, Alma Montenegro de Fletcher, le hizo llegar algunas observaciones al Presidente de la república, Martín Torrijos.
Fletcher aseguró que los artículos 5 numeral 7 y 11 numeral 6, del decreto ley que reorganiza el Consejo de Seguridad, dispone la clasificación y desclasificación de información en materia de seguridad, estableciendo categorías distintas a las señaladas en la Ley de Transparencia, sobre información de acceso restringido.
Cabe destacar que la Ley de Transparencia en su artículo 11 indica que será de carácter público, a quienes pueda interesar, la información relativa a contratación, planilla y otros gastos estatales.
