Los decretos ley sobre seguridad del Organo Ejecutivo podrían reñir con el Código Procesal Penal que entrará a regir el próximo año.
Organizaciones civiles como Alianza Ciudadana y Transparencia Internacional Capítulo de Panamá, consideran que los decretos ley sobre seguridad nacional plantean normativas que afectan las garantías fundamentales, lo que entra en contradicción con el Código Procesal que recibió una amplia consulta.
Señalan que de aprobarse, sin mayor consulta los decretos, el Ministerio Público podría dictar medidas que afectan los derechos y garantías fundamentales.
Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana, dijo que "no se puede permitir" que los decretos del Ejecutivo hagan retroceder y afecten las garantías fundamentales.
"No podemos darle poder a la Policía para que ponga en peligro las libertades personales, porque supuestamente está reprimiendo a los delincuentes para combatir el crimen y el narcotráfico".
Planteó que el Ministerio Público y el Organo Judicial deben hacer sus recomendaciones a los cinco decretos ley, entre ellos el del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, que podrá intervenir las conversaciones telefónicas así como "levantar otras garantías y derechos individuales cuando lo considere necesario".
Por su parte, Angélica Maytín, de Transparencia Internacional, cuestionó que las autoridades sustenten esta iniciativa ejecutada a través de poderes extraordinarios, sobre la base de que se trata de la promesa de campaña de más seguridad.
Por su parte, el mandatario Martín Torrijos, quien se encuentra en Colombia, señaló en la Cumbre Regional Antidrogas que está adecuando las instituciones de seguridad pública nacional a las nuevas modalidades de la criminalidad.
