La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Alma Montenegro de Fletcher, se sumó a las voces de rechazo al contenido de los decretos ley sobre seguridad que analiza el Ejecutivo.
Considera que varios artículos de los decretos ley que reorganiza el Consejo de Seguridad y el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, "violan" disposiciones de la Constitución Nacional y la Ley de Transparencia.
"No sería prudente importar sistemas ni copiar normativas extranjeras... de hacerlo, correríamos el riesgo de romper el equilibrio constitucional, al permitir la concentración del poder en manos de una entidad policial que pudiera poner en peligro el sistema democrático y político" del país, advirtió.
En una misiva enviada al presidente Martín Torrijos, la funcionaria enfatizó que otorgar al director del Servicio de Inteligencia la facultad de solicitar el levantamiento de las garantías y derechos individuales "viola" el Artículo 55 de la Constitución, que otorga esta disposición al ?"rgano Ejecutivo, previa confirmación de la Asamblea Nacional.
Claridad.
La funcionaria lamentó que no se especifique en el decreto del Servicio de Inteligencia el procedimiento de selección de "algunos miembros" de la Asamblea, para proporcionarles información apropiada sobre las actividades de esta institución.
"Las normas en materia de seguridad deben ser claras, concisas y concretas, que no den lugar a dudas, ambigüedades ni malas interpretaciones", precisó.
Preocupación.
Montenegro de Fletcher también cuestionó que los Artículos 5,10, 11, 12 y 13 del Consejo de Seguridad, relacionados con la clasificación de información bajo la categoría de "secreto" sean contradictorios con la Ley de Transparencia.
"Será de carácter público y de libre acceso, la información relativa a la contratación, planillas, gastos de representación y costos de viajes de los funcionarios", recalcó.
Reacciones.
La Defensoría del Pueblo actualmente analiza los decretos de seguridad para en los próximos días dar a conocer su posición.
Ricardo Vargas, defensor del Pueblo, evitó opinar sobre el tema, argumentando que hasta tanto no culmine el análisis no dará a conocer su postura.
Mientras, el ex presidente de la Cámara de Comercio, Domingo Latorraca, dijo que "no puede haber secretismo y falta de debate por parte de las autoridades", para tratar el tema de la seguridad.
"Hay artículos que deben ser discutidos, ya que otorgan poder a la cúpula de las autoridades policiales", precisó.
