Una recusación contra la magistrada Graciela Dixon, dentro de las sumarias instruidas por el supuesto pago de sobornos para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), fue presentada por la defensa del legislador Carlos Afú, a raíz de las declaraciones públicas hechas por ésta tras el archivo del expediente.
De acuerdo con una fuente judicial, el recurso contra la magistrada Dixon, se fundamenta en las declaraciones hechas a través de un programa radial, en donde realizó una serie de manifestaciones sobre la decisión asumida de archivar las sumarias del CEMIS.
Según la fuente, el recurso fue remitido al despacho del magistrado Jacinto Cárdenas, quien también deberá resolver el recurso de reconsideración presentado por la procuradora suplente Mercedes Araúz de Grimaldo.
La fuente precisó que la recusación presentada contra Dixon, puede separarla del conocimiento del recurso de reconsideración y obligar a que sea su suplente, quien deba emitir una opinión sobre la viabilidad del mismo.
A la vez detalló, que aún no se ha elaborado un proyecto sobre el recurso de reconsideración presentado por Araúz de Grimaldo y que deberá ser conocido por el resto de los magistrados. No obstante, los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista deberán declararse impedidos.
También se informó que no existe un término para que los magistrados emitan una decisión sobre la reconsideración presentada por la procuradora Araúz de Grimaldo.
La mayoría de los magistrados decidieron archivar las sumarias del CEMIS y la ratificación de Spadafora y Cigarruista bajo el argumento que no se había cumplido con la exigencia de solicitar el levantamiento de la inmunidad de los legisladores a la Asamblea Legislativa.
La advertencia hecha por el Ministerio de Educación de descontarle el día a todo docente que no asistiera a trabajar rindió sus frutos en Veraguas, pues la huelga no contó con el apoyo de la dirigencia magisterial.
Desde que se creó el Frente Pro Defensa de la Caja de Seguro Social, la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), que agrupa a unos 3 mil docentes de esta región, se constituyó en el brazo fuerte de esta lucha en la provincia, sin embargo, ayer la propia dirigencia mostró su frustración porque sólo unos 250 educadores apoyaron el llamado a huelga.
La dirigencia de la AEVE tenía previsto apoyar esta medida,con una asamblea general extraordinaria, marchas y piqueteos en las calles de Santiago, lo que no se realizó por la poca respuesta de los educadores.
Al parecer, en el reducido apoyo tuvo mucho que ver un comunicado de prensa firmado por el director Nacional de Educación, Gilberto Solís, quien advirtió que todo educador que no asistiera a su respectiva escuela a dictar clases estaba sujeto a que se le descontara el día de trabajo.
Rodolfo Barría, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, lamentó el hecho de que los docentes veragüenses "intimidados por las amenazas del Ministerio de Educación decidieran en su mayoría no apoyar las acciones de fuerza convocadas para defender la autonomía de la Caja de Seguro Social".
