El Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, recordó que las legislaciones de España y Chile en materia de inteligencia y seguridad fueron producto de debates en el Poder Legislativo. Vargas expresó que para evitar el abuso o exceso en el ejercicio de las atribuciones y facultades dadas al Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, se requiere una mejor definición y abordaje de los controles ahí previstos.
Advierte que clasificar la información como secreta, reservada y confidencial contradice el espíritu de la Ley No. 6 del 2002 sobre Transparencia en la Gestión Pública.
