El defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada, presentará hoy ante la Corte Suprema de Justicia, un recurso de desistimiento de la acción de Hábeas Data, interpuesta contra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), luego que la entidad enviara a la Defensoría del Pueblo la información sobre la planilla de sus funcionarios.
El director ejecutivo del IDAAN, Laurencio Guardia, explicó que la información no había sido entregada a la Defensoría del Pueblo, debido a que el Departamento de Recursos Humanos al igual que el de Informática se encuentra en un proceso de instalación de un nuevo módulo de planilla y recursos humanos, en virtud de la reorganización administrativa de la entidad.
De igual forma, explicó Guardia, por años el IDAAN había mantenido bajo la figura de contratos de servicios profesionales a 80 personas, que tenían como misión, la distribución y entrega de recibos por consumo de agua potable, figura que no permitía los descuentos reglamentarios y no gozaban de los beneficios de seguro social, vacaciones y décimo tercer mes.
La planilla del IDAAN está conformada por unos 2 mil 718 funcionarios que devengan salarios mensuales por el orden de un millón 179 mil balboas. Se está a la espera que la Corte Suprema de Justicia resuelva otros ocho Hábeas Data presentados por el defensor del pueblo contra los ministerios de la Presidencia, Comercio, Gobierno y Justicia, Ente Regulador, Registro Público, la Autoridad Marítima de Panamá, el Instituto Nacional de Cultura y la Autoridad Nacional del Ambiente.
Estas peticiones tienen como fundamento el Artículo 11 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que establece que será de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas, la información relativa a la contratación y designación de funcionarios, planillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros.
Según Tejada Espino, la información requerida no ha sido calificada como confidencial, de acceso restringido, ni de carácter reservado, por lo que expresó su confianza en que la Corte establezca un plazo perentorio a los demandados para que procedan a suministrar la información solicitada.
