El ministro de Educación, Belgis Castro, puede ser declarado por la Defensoría del Pueblo como un funcionario "hostil y entorpecedor", por negarse a rendir un informe detallado sobre el problema de la fibra de vidrio en las escuelas.
Castro desatendió una solicitud escrita que le envió, el 24 de marzo de 2008, el defensor Ricardo Vargas pidiéndole un informe detallado sobre este problema.
El funcionario también se ha negado en reiteradas ocasiones a revelar al los nombres de las empresas contratadas para remover la fibra de vidrio en los centros educativos.
El plazo con la Defensoría del Pueblo venció ayer y no hubo respuestas del titular de Educación.
El Artículo 29 de la Ley 7 del 5 de febrero de 1997, que creó la Defensoría, establece que "la negativa a colaborar, o la insuficiente o negligente colaboración de cualquier autoridad o servidor público con la Defensoría, serán consideradas como actuaciones hostiles y entorpecedoras".
Frente a esta situación, el Ombudsman optó por dar una nueva prórroga de 7 días al funcionario, para que rinda un informe sobre la situación real de los planteles educativos que aún mantienen residuos del material contaminante.
Olvido.
La actitud que asume hoy día el ministro de Educación no se compagina con la posición que mostró públicamente en el 2002, cuando la ex presidenta Mireya Moscoso sancionó la Ley de Transparencia.
En ese entonces, Castro elogió la ley en mención señalando que "desde el más humilde ciudadano hasta los grupos organizados que generen opiniones, pueden solicitar información sobre distintos aspectos, como por ejemplo: programas y proyectos".
"La Ley de Transparencia garantiza el acceso a la información y terminará con la costumbre de funcionarios de alta jerarquía de desconocer la solicitud de la gente humilde cuando reclama sus derechos de saber qué ha pasado, por ejemplo, con un proyecto presupuestado para su comunidad", planteó Castro en una nota enviada a la Defensoría en el 2002.
Los padres de familia del IPT Ángel Rubio, que no ha iniciado el año escolar por problemas de fibra de vidrio, exigieron ayer una pronta respuesta al ministro, quien aspira a ser candidato a diputado por el Circuito 4-1.
Nada que hacer.
"No podemos hacer más nada". Esa fue la respuesta del jefe de la cartera a la inquietud de los padres de familia del IPT Ángel Rubio.
"La decisión de volver a clases es de los docentes, padres de familia y estudiantes, porque en este plantel se han realizado más de cinco inspecciones y los docentes ni los estudiantes quieren dar clases", puntualizó.
MEDUCA guarda silencio sobre contratos
El hermetismo se ha apoderado del Ministerio de Educación. Nadie quiere dar los nombres de las empresas que fueron contratadas para realizar los trabajos de remoción de la fibra de vidrio.
Este medio ha realizado ingentes esfuerzos con el fin de conocer los nombres de las empresas que se dedican a remover la fibra de vidrio, recibiendo solo evasivas.
Al parecer, la actitud de las autoridades de Educación no es nueva, pues Andrés Rodríguez, dirigente magisterial, dijo que en diversas ocasiones han solicitado a las autoridades el nombre de las empresas y los contratos, pero no ha habido reacción por parte del MEDUCA.
"En este aspecto existe una especie de tabú, un hermetismo que se debe a alguna situación”, sustentó Rodríguez.
Mientras, Aixa Gómez, presidenta de la Federación Nacional de Padres de Familia, dijo que los padres de familia tampoco conocen cuáles son las empresas que se dedican a realizar los trabajos, situación que mantiene molestos a los padres. Emplazó al MEDUCA a presentar un informe.
