El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, advirtió ayer que “tratar de criminalizar las protestas es más grave que el propio cierre de calles”.
Indicó que los cierres de calles violentos “son inaceptables y censurables”, pero que hay que tener cuidado con este tipo de iniciativas desproporcionadas.
El Ombudsman sostuvo que “la propuesta, incluso podría ser inconstitucional y solicitó al Ejecutivo reflexionar profundamente sobre la misma”.
Uno de los aspectos más graves del proyecto, según Vargas, es dejar en manos de los corregidores su aplicación, ya que “estos son funcionarios sujetos a la influencia política, por lo que hay que tener mucho cuidado con las facultades que se les concede, principalmente, con la de sancionar con prisión de hasta de dos añosa los que cierren calles.
