El defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, viajará hoy hacia Cuba para presenciar la audiencia que se sigue en ese país contra el panameño Alejandro Abood Angelini, con miras a garantizar el debido proceso.
La audiencia se realizará en el Tribunal Superior de La Habana, por el supuesto delito de cohecho o corrupción de servidores públicos, los días 19 y 20 de diciembre en el Tribunal Cuarto Provincial de La Habana, presidido por el magistrado Armando Torres.
Abood, de 55 años de edad, fue detenido el 15 de octubre de 2001 y desde entonces se encuentra en espera de un juicio. Los cargos contra el panameño están siendo formulados a nombre del Estado cubano, por el teniente coronel Orlando Soroa, instructor de la Dirección de la Seguridad del Estado, mientras que la Fiscalía General de la República estará representada por la fiscal Edelmira Pedriz Yumar.
Acompañará al defensor del Pueblo, el director de Acciones y Recursos Judiciales, Guillermo Ríos, quien junto al director de Política Exterior de la Cancillería panameña, Alfredo Castillero Hoyos, visitó en noviembre pasado a Abood, logrando que el panameño recibiera atención médica tras sufrir quebrantos de salud.
Abood se encuentra en estos momentos en un centro hospitalario militar de La Habana, tras la gestión de estos funcionarios panameños, quienes han solicitado a las autoridades cubanas las garantías del debido proceso.
Los pliegos de cargo se han redactado de manera sencilla y tomando en cuenta todos los detalles necesarios para evitar controversias, informó Ruiz.
Explicó que un consorcio extranjero - el Montgomery Watson Harza - brindó la asesoría necesaria para la elaboración de los pliegos, al igual que para los de la Línea Paralela. El financiamiento de la asesoría estuvo a cargo de la empresa Trade Development Agency.
Fueron tres meses en los que los fines de semana y días feriados no fueron disfrutados por los miembros de la comisión encargada de los pliegos. Ruiz manifestó que fueron noches sin dormir, porque sabe que existe gran presión por parte de los grupos económicos que quieren ganarse la licitación del proyecto más costoso del Estado (unos 55 millones de balboas).
Otra fuente institucional, que pidió reserva de su nombre, informó a este medio que durante las reuniones de la comisión, la sala de junta directiva donde se realizaban parecía más un tribunal dada la cantidad de abogados de cada empresa, que un lugar donde se discutía un proyecto de construcción de una potabilizadora. "Lo que se hablaba en la mañana durante las reuniones, lo sabían todas las empresas en la tarde", manifestó la fuente.
Agregó que en la comisión evaluadora de entonces había cuatro miembros de la Junta Directiva del IDAAN, que no sólo fueron juez y parte, sino que no se percataron de que una de las empresas (Robert Filter Earth Teck) proponía un sistema de filtración directa que no debía ser aceptado porque así estaba establecido en los pliegos de cargo. Fue precalificada, aunque debió ser descalificada.
A esto hay que agregar que justamente es la junta directiva la que nombrará la nueva comisión evaluadora. Sin embargo, ésta estará integrada por expertos de las distintas universidades, según explicó Ruiz cuando este medio lo interrogó al respecto.
Confirmó que en el proceso anterior las empresas traían hasta cuatro abogados, por lo que más parecía un caso legal que un acto público para la ejecución de un proyecto.
"Hemos tratado de que esto no vuelva a suceder y por eso nos hemos cuidado mucho en la redacción de los pliegos de cargo", recalcó, al tiempo que dejó claro que el IDAAN no tuvo ninguna responsabilidad en la controversia suscitada en el llamado anterior y que esa entidad no aceptará un sistema de filtración directa, sino uno convencional.
