La Defensoría del Pueblo pedirá a los diversos municipios del país toda la información de los contratos de concesión para la recolección y disposición de desechos sólidos, firmados con diversas empresas privadas, luego que surgieran protestas en algunas comunidades por el elevado monto de la tarifa que se les cobra.
De acuerdo con el defensor del pueblo, Ricardo Vargas este es un problema que viene afectando a varias comunidades, y evidencia la ausencia de una planificación ordenada que contribuya a resolver este problema.
Vargas consideró que hace falta una supervigilancia de los trámites de concesión que permitan que la recolección se haga de una manera efectiva y que no se constituya en un problema de salud pública.
Manifestó que es importante que cuando se efectúe este tipo de concesiones se realicen las consultas necesarias con la sociedad, es decir, los procesos de audiencias públicas y de consultas de manera que las tarifas que se fijen se establezcan con base a lo que establece la Ley de Transparencia.
Por el momento dijo, la Defensoría del Pueblo está requiriendo información a las autoridades con relación a este tema, en especial en los distritos de Arraiján y la Chorrera, para verificar que el proceso se ha efectuado conforme a lo que establece la ley y la necesidad que se dé un proceso de consulta pública, ya que cuando se produce una fijación de tarifas es importante que este proceso sea cumplido.
Vargas enfatizó que el sistema de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de la basura en Panamá presenta claras deficiencias y el no dar prioridad a una bien elaborada estrategia para la gestión integral de los residuos sólidos, podría degenerar en una situación incontrolable tomando en cuenta el acelerado crecimiento urbano que se viene observando en distintos puntos del país.
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