Personal de la Defensoría del Pueblo acudirá a las celdas de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para inspeccionar y verificar las denuncias interpuestas en estos lugares por la supuesta violación a los derechos humanos de funcionarios del gobierno pasado.
La defensora del pueblo, Lilia Herrera, manifestó que luego de que algunos familiares del exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y del exsecretario del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz acudieran a su despacho y presentaran algunas pruebas de la situación de salud que estos padecen, se dejó claro que habrá una investigación para conocer en qué estado se encuentran.
Indicó que, por ley, tienen ciertas competencias, entre ellas, comenzar una investigación y, en la medida en que se vaya avanzando, realizar un pronunciamiento al respecto.
“Los familiares -de los detenidos- sienten que hay un riesgo por la situación que han vivido sus parientes, pues algunos padecen de diabetes, cáncer y otras enfermedades”, destacó.
En relación con los casos de tortura, expresó que las personas que serán designadas para verificar las denuncias de torturas son la directora de privados de libertad, Ellis Ríos; el director del centro de orientación, Diego Almanza, y los médicos de la Defensoría.
Ante esto, la cuñada de José Raúl Mulino, May Salaverry, denunció que se ha hecho un daño psicológico a su familiar y sostuvo que acudirán a otras instancias, como la Nunciatura, para exponer el caso.
Explicó que el exministro fue operado de la columna el año pasado y ha tenido tres embolias en los últimos años, lo cual preocupa aún más a sus familiares, pues ha sido sometido a condiciones de estrés y hacinamiento.
Añadió que si bien no ha sido víctima de torturas como se denunció en el caso del exsecretario de Seguridad, sí han visto una política de intimidación, al abrir expedientes de otros casos con los que tampoco guarda relación Mulino.
Por su parte, la esposa de Mulino, Maricel Cohen de Mulino, señaló que esperan un cambio en la medida cautelar interpuesta por la fiscal del caso, pues se produjo sin haber recibido en sus manos el documento de Medicina Legal.
“A ella no le importó la enfermedad de mi esposo, de las embolias. Si a él le pasa algo debido a su enfermedad en el lugar donde lo tienen en cautiverio, la fiscal y la procuradora van a ser responsables de lo que le pase”, afirmó.
Tanto los familiares del exministro como simpatizantes de Cambio Democrático (CD) han referido que acudirán a todas las instancia dentro y fuera de país para denunciar el trato que han recibido los exfuncionarios.
La ex primera dama de la República Marta Linares de Martinelli ha expresado que no desmayarán hasta hacer que se respeten los derechos humanos de los detenidos.
Los familiares de las personas detenidas denunciaron que tras realizar varios actos públicos en protesta contra las órdenes de aplicar medidas cautelares exageradas, se han creado expedientes contra exfuncionarios, como el exministro de Seguridad José Raúl Mulino, con la intención de presionar a los familiares.
Violaciones a los derechos de Mulino persisten, pese a malestar
El exministro José Raúl Mulino denunció que no había tenido acceso a una copia de su expediente de 12 tomos, pese a haberlo pedido el segundo día de su indagatoria y por la cual debió pagar una buena suma de dinero anticipadamente. Ello, para poder estructurar su defensa, lo cual sería una ilegalidad.
Esto sería una muestra de la mala aplicación del derecho en Panamá que genera una justicia torcida con interpretaciones y manipulaciones.
Incluso se solicitó un cambio de la medida cautelar por recomendación de Medicina Legal, la cual reconoció su cuadro médico que existe desde 2008.
Ello, tras producirse tres operaciones de columna y sobrevivir a tres embolias pulmonares, más su estado de hipertensión.
“Todo ha sido documentado en el expediente y certificado por mis médicos locales y el hospital de Boston, Medicatura Forense que ordenó exámenes más profundos en el Santo Tomás”, dijo el exministro en su carta.
