Defensoría del Pueblo no debe ser vista como corregiduría

EL CANDIDATO a Defensor del Pueblo, Giovanni Aurelio Fletcher, pidió a la población organizarse para hacer una verdadera defensa de sus derechos humanos.
En tanto, que el abogado y ex miembro de la Fuerza Pública, Ignacio Jesús Rivas, aspirante a este cargo, recomendó la creación de una Política Criminal de Estado para reducir los niveles de violencia en el país.
Ambos candidatos sustentaron ayer sus propuestas y proyectos a ejecutar ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional.
Para Fletcher, quien es presidente del Instituto Panameño de Consumidores y Usuarios, es necesario integrar real y efectivamente a la comunidad con la Defensoría. "Mientras que la Defensoría del Pueblo sea vista como una corregiduría grande en donde la gente va a aquejarse, no habrá un desarrollo integral en esta institución", indicó.
Dijo que la Defensoría debe ser vista como un ente que permita el desarrollo de la comunidad dentro de la propia integración y solución de sus problemas.
"Mientras no se organicen, no va haber solución a sus problemas porque la Defensoría al no tener facultades vinculantes ni coercitivas, no va a poder llamar a la solución de nada", destacó.

Fletcher aseguró además que promoverá la formación de delegados de protección de los servidores públicos ad-hoc y ad-honorem, a lo interno de cada uno de los estamentos de la administración pública, permitiendo una comunicación inmediata entre los problemas de los funcionarios públicos y los jefes de cada despacho superior en lo relativo a la condición de estabilidad de los actos de los servidores públicos vinculados a la carrera administrativa.
Por su parte, el abogado Jesús Ignacio Rivas señaló que una de las primeras acciones a ejecutar de llegar al cargo, será la mudanza de la sede de Calle 50 a un lugar más céntrico y accesible para quienes sientan afectados sus derechos.
Además aseveró que es recomendable elaborar una Política Criminal de Estado, ya que a su juicio los delincuentes en este país están acabando con la sociedad.
Manifestó que todos los actos de violencia que ocurren a diario en el país ocurren porque no hay una política criminal coherente. "El gobierno nacional debe nombrar un funcionario que se encargue de programar esta política y ejecutarla de forma inmediata para bajar los índices de criminalidad", enfatizó.
Señaló que con esta política criminal no es que se vayan a incrementar las penas, sino una respuesta efectiva del gobierno ante el delito, es decir, que si se requieren dar plazas de empleo para bajar los índices de delincuencia, las entidades tienen que trabajar en la creación de plazas de empleo.
Planteó que este mismo funcionario encargado de la Política Criminal de Estado puede determinar qué zona roja del país requiere de más policías y de más patrullas para afrontar los niveles de delincuencia.