El Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, reiteró ayer la necesidad de iniciar un proceso de verdadero reconocimiento del Estado para con los grupos indígenas, a través de la ratificación del Convenio169 como instrumento que busca garantizar los derechos laborales, a la seguridad social y a la salud de las poblaciones autóctonas.
Este convenio fue adoptado el 27 de junio de 1989, en Ginebra, Suiza, por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin que hasta la fecha haya sido ratificado por el Estado panameño.
Tejada Espino insistió en que éste y demás instrumentos legales que buscan el bienestar de los pueblos indígenas deben tener eficacia práctica, para lo cual se ha convocado a un conversatorio para promover la ratificación de este convenio.
El conversatorio se realizará hoy martes 6 de mayo a las 9:30 de la mañana en la sede de la Defensoría del Pueblo con la participación del Especialista Principal en Normas Internacionales del Trabajo y Pueblos Indígenas de la OIT, Christian Ramos.
Participarán representantes de la Dirección de Política Indigenista del Ministerio de Gobierno y Justicia; del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social; de la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores; legisladores de las Comisiones de Asuntos Indígenas, Relaciones Exteriores, Derechos Humanos y de Trabajo de la Asamblea Legislativa; Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena; Proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano; y demás agrupaciones indígenas.
Para la Defensoría del Pueblo, la problemática indígena es el resultado de un largo periodo en el que les han sido despojados muchos de los derechos que como pueblos originarios tenían. En efecto, en la actualidad los indígenas panameños pertenecen al segmento pobre, explotado y discriminado de la población nacional. De acuerdo a Tejada Espino, esta explotación puede percibirse en el tipo de trabajos a la que la mayoría de la población indígena tiene acceso.
Igualmente, la educación impartida en los colegios, ya que es una educación excluyente, que no responde a la realidad en que viven, ni relata en forma objetiva los acontecimientos históricos que han dado lugar a la situación en la que se encuentran hoy.
También está en el proceso de especializar al personal de CONAPRED en diferentes temas, como es en el desvío de químicos. Alabó el apoyo técnico que CONAPRED ha recibido de gobiernos y organismos internaciones. "Yo sé que si necesito un experto en un tema X automáticamente Estados Unidos me lo da".
Pese a todas las acciones cree necesario reforzar la prevención a nivel escolar, diseñar planes continuos para la capacitación entre profesores y maestros. Destaca también que se requiere sensibilizar tanto a sectores de la sociedad civil como de los partidos políticos, porque ya los países no luchan con el tema de droga de manera independiente sino hablan de responsabilidad compartida y "tenemos que hacerlo a nivel nacional".
Piensa que estamos en un periodo de oportunidades donde se reciben aportes de gobiernos, de países de organismos internacionales donde cada vez está más tecnificado el tema de las drogas.
El destino de los bienes lo decide una comisión formada por las 11 organizaciones y grupos que apoyan a CONAPRED en las funciones relacionadas con la oferta y la demanda. Entre algunas instituciones gubernamentales que trabajan en la reducción de la demanda están los Ministerios de Educación, Salud, Juventud, Mujer, Niñez y Familia, como el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, la Cruz Blanca Panameña, Cristo para Todas las Naciones, y las Fundaciones: PRIDE, Teen Challenge, REMAR, Educativa Médica Antidrogas y Hogares CREA.
Además hay otros como la Iglesia Católica y la Universidad de Panamá. Las responsables de la reducción de la oferta son: las Fiscalías de Drogas, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Policía Técnica Judicial del Ministerio Público; la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de la Presidencia; la Policía Nacional y la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP), Servicio Marítimo Nacional (SMN), el Servicio Aéreo Nacional (SAN) del Ministerio de Gobierno y Justicia; la Comisión para el Control y Erradicación de la Droga y el Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y la Comisión Interinstitucional para el Control de Sustancia Químicas (CCQ) y los Ministerios de Salud, Público, Economía y Finanzas, y Gobierno y Justicia.
Aunque Panamá es uno de los pocos países que posee una estrategia nacional en materia de drogas y destina los fondos provenientes de esta actividad a acciones de prevención y capacitación de recurso humano, necesita reforzar la capacitación del sector educativo para ayudar a la prevención del uso indebido de drogas en la juventud.
Y es precisamente esta una de las funciones que desarrolla la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED), secretaría encargada de las gestiones administrativas relativas a la Estrategia Nacional en Materia de Drogas desde 1994, cuando fue creada.
Además, busca financiamiento ante autoridades y organismos nacionales e internacionales y países donantes, para el desarrollo de esta estrategia. Holda Alvarez de Marre, encargada de esta secretaría, manifiesta que para elaborar esta estrategia, CONAPRED reunió a todos los sectores del país: El policía que está luchando contra las drogas; el maestro que está en la escuela viendo las drogas, el funcionario de Aduanas que ve las debilidades, es decir, la estrategia es producto de los agentes técnicos.
De esa experiencia Marre conoció que se necesitaba capacitar a maestros y profesores en prevención del uso indebido de drogas, porque es un tema cambiante y complejo y si el mensaje no está bien dirigido podría acarrear efectos contrarios.
Pero para llevar el mensaje a la comunidad, CONAPRED debe encargarse del estudio y prevención de los delitos relacionados con las drogas y desarrollar sus funciones en dos áreas: reducción de la oferta y de la demanda.
La oferta, explica Marre, se refiere a las medidas que se toman para el control del narcotráfico, la prevención del blanqueo de capitales, tráfico de armas y el desvío de químicos, sobre el cual laboran en un proyecto de ley para evitar esta práctica.
La demanda aborda la investigación sobre el consumo de drogas entre la población, el desarrollo de programas de prevención, apoyado por organismos gubernamentales y no gubernamentales, y los programas de tratamiento, rehabilitación y de resocialización del farmacodependiente.
En estas dos ramas radica sus principales responsabilidades: la de elaborar cada cinco años la Estrategia Nacional en Materia de Drogas, el debido seguimiento para su desarrollo y que los dineros, bienes o valores revertidos, provenientes de la demanda o de la oferta, se usen en beneficio de la sociedad a través de la capacitación del recurso humano, mecanismos de control. y la coordinación de acciones de fortalecimiento de las instituciones que luchan contra ellas. La primera Estrategia Nacional en Materia de Drogas se elaboró en 1996 y abarcó hasta el 2001. La segunda se inició en el 2002 y finaliza en el 2007.
Marre dijo que trabajan con un presupuesto que varía dependiendo de los resultados de los decomisos, además del que destina la Procuraduría para el funcionamiento de la oficina. "A veces se escucha casos de dineros que vienen a CONAPRED y los fondos no llegan", afirma.
Puso como ejemplo uno de 10 millones de dólares hace 8 meses, pero CONAPRED no ha recibido nada, nada y lo necesita. Explica que de esa suma la Corte Suprema aceptó un recurso por 5 millones y de los otros 5, CONAPRED no ha recibido nada. "Se dijo públicamente que para CONAPRED venían esos 10 millones y no he recibido nada. "Y se necesitan", exclamó.
A nivel internacional Marre expresó que CONAPRED está muy bien reconocida. "Somos una de las pocas comisiones que tenemos esta ventaja. En otros países ni siquiera retienen bienes del narcotráfico, no tienen presupuesto definidos. Entonces las comisiones son políticas, no son comisiones facilitadoras, ni coordinadoras, ni fortalecedoras de proyectos de otros sectores".
A nivel de la región, además de Panamá, Costa Rica, Chile y Argentina, sí reciben bienes del narcotráfico. Esto es lo que realmente le va a ayudar a CONAPRED a realizar su estrategia nacional contra las drogas, asegura Marre.
En el 2001 se realizaron campañas de prevención financiadas con fondos de los decomisos. Una de ella fue la campaña bajo el lema: "Sin drogas ni alcohol disfruto mi vida mejor". Esta campaña fue valorada a nivel internacional y presentada en diferentes foro como la OEA y ONU. Producto de esa campaña Panamá fue seleccionada dentro de proyectos de organismos internacionales en componentes de comunicación.
También el personal de CONAPRED y el de otras instituciones de apoyo reciben capacitación de expertos internacionales, producto del intercambio con otras naciones. Se benefician la Policía, jueces y fiscales.
Marre considera que es una labor que puede ser mejorada en la medida que se simplifique o se mejore el mantenimiento de los bienes, porque si recibe bienes en mejor estado puedo sacarle un mayor provecho. En CONAPRED se tiene que trabajar con mucho idealismo, estar muy actualizado, pensar positivo, y sobre todo aprovechar este ambiente de unión, señala.
