Luego de una larga espera, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, reiteró ayer al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Fernando Solórzano, la solicitud de un informe con relación a la cancelación de daños y perjuicios a los ex trabajadores de los Puertos de Balboa y Cristóbal.
La petición del Ombudsman responde a una queja presentada a la entidad por los ex trabajadores portuarios, afectados por el proceso de privatización de dichos puertos, quienes argumentan que el Estado les adeuda B/.134 millones en concepto de compensaciones y pasivos por el cese de labores.
En la carta, el Defensor reitera la solicitud hecha mediante nota fechada el 17 de octubre pasado y de la cual no se ha recibido respuesta alguna de parte del administrador de la AMP.
