El Ministerio Público debería investigar si el número de fallecidos y las causas de muertes registradas en la provincia de Bocas del Toro, durante las manifestaciones en contra de la Ley 30, son mayores al número informado oficialmente.
Esta es una de las conclusiones a las que llegó la Defensoría del Pueblo en el informe especial final sobre los incidentes.
De acuerdo con el documento, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó el deceso de cincos menores de edad por afecciones pulmonares en Changuinola, en el mismo periodo en que ocurrieron las revueltas en la provincia.
Además, establece que 716 personas resultaron heridas, 67 de ellas con afectación por perdigón en los ojos y de estos, dos con discapacidad visual.
Concluyó que la utilización de perdigones y las lesiones producidas a los manifestantes “comprueban la falta de utilización de protocolos” y de una correcta aplicación de la reglamentación para la contención de protestas o de manifestaciones públicas.
Detalló que la carencia en las actuaciones iniciales por parte de las autoridades correspondientes evidenciaron la “falta de prioridad al diálogo y tolerancia” ante legítimas reclamaciones.
Explica que los daños a la propiedad privada y bienes del Estado demostraron el nivel de “intolerancia y descontrol” de algunos manifestantes, que exteriorizaron de forma “equivocada” su frustración.
Confirma que durante las manifestaciones se hicieron detenciones y conducciones de personas ilegalmente.
“Se produjeron violaciones del derecho al debido proceso, tomando en consideración que se efectuaron privaciones de libertad sin el debido sustento jurídico, atentando contra el Derecho de libertad personal”, concluye.
La Defensoría recordó a las autoridades su ineludible obligación de respeto a la vida e integridad de las personas, en cumplimiento de la Constitución Política y de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
