La Caja de Seguro Social ha registrado déficit en años anteriores, producto de la situación y las políticas económicas, afirmaron directivos de la CSS y miembros del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), al detallar que en las décadas del 80 y 90 hubo números negativos al igual que en el año 2002.
Se informó que en 1984, producto de la situación político-económica, muchas empresas cerraron sus puertas aumentando el desempleo, por lo que al final de ese año hubo un déficit en el Programa de Enfermedad y Maternidad de más de B/.18 millones.
En 1985, el déficit fue de B/.11.4 millones, en tanto que en 1988, en plena lucha de la sociedad contra la dictadura militar, donde el Producto Interno Bruto cayó en menos 13.4%, la CSS presentó un déficit menor a los años anteriores, de sólo B/. 365.000.00.
Agregaron que en 1995 hubo un déficit, que no fue producto de la mala situación económica, sino que durante ese año los costos de las instalaciones de salud pasaron a formar parte de la CSS.
Finalmente, en el año 2002 se presentó un déficit de B/.23.5 millones por las políticas económicas imperantes en el país y que han provocado desempleo masivo, el estancamiento del ahorro nacional y la merma de las inversiones, lo que a su vez ocasionó que la entidad perdiera unos 18 mil cotizantes y unos B/.76 millones en concepto de la cuota obrero patronal.
La institución sostiene que en los resultados del año pasado incidieron la morosidad de más de 30 mil empresas, la evasión de la cuota obrero patronal y, sobre todo, los altos niveles de morosidad del Gobierno Central .
El CONATO, mediante un comunicado, recordó que la CSS ha enfrentado una demanda en los servicios de salud por parte de una población que antes recibía atención en centros privados, lo que ha requerido la asignación de fondos adicionales en instalaciones, equipos y recursos humanos.
Igualmente, el CONATO responsabilizó directamente al contralor Alvin Weeden por el desabastecimiento de medicinas y solicitó a la Presidenta de la República a que exhorte al funcionario a desistir de ese comportamiento totalmente al margen de la ley, porque esa actitud le viene haciendo daño a la población asegurada.
