Aproximadamente 300 desplazados colombianos se encuentran en Darién y no tienen la protección de las autoridades, las que deberían velar por la seguridad de estos ciudadanos, informó Ricardo Castillo, miembro de la Asociación Regional para las Migraciones Forzadas (ARMIF).
Castillo manifestó que ARMIF realiza cabildeos y reuniones con las autoridades nacionales para buscarle soluciones al problema de los desplazados colombianos que tienen varios meses de estar en el territorio nacional.
El dirigente dijo que a pesar de estar vigente el Decreto 23 de febrero de 1998, la norma para salvaguardar la estadía de los ciudadanos colombianos no ha sido cumplida hasta la fecha.
Para Castillo, la falta de atenciones para con los desplazados se debe a que no se ha elaborado el listado con los nombres de los casi 300 colombianos que se encuentran en Darién, a pesar que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) destinó máquinas para ese propósito.
Ante esta realidad, los desplazados no cuentan con un carné que los identifique como refugiados, lo que les dificulta ser atendidos en los centros de salud de la provincia, entre ellos el de Unión Chocó, agregó.
Dijo que las autoridades cuentan con todas las condiciones para atender a los desplazados que huyen de los enfrentamientos de la guerrilla y de los paramilitares que se trasladan al área fronteriza.
Los desplazados colombianos se encuentran en las comunidades de Yape, donde habitan unos 60, Boca de Cupé, Balsa, el caserío de Vijao y otras regiones darienitas que están fuera de las áreas donde se movilizan paramilitares y grupos rebeldes del vecino país.
Castillo manifestó que la legislación panameña, en lo relativo a la situación de refugiados, tiene ciertos vacíos para la protección de estos ciudadanos, como en el caso de los desplazados colombianos que se encuentran aquí ahora.
Igualmente, señaló que el Decreto No. 23, de febrero de 1998, no ha podido aclarar el status de los desplazados colombianos que huyen de la presencia de los grupos armados.
Recalcó que la situación en la frontera es compleja porque el área ha sido olvidada por las autoridades de los distintos gobiernos.
Sostuvo que el aislamiento de Darién se debe a la mala distribución económica que han tenido los gobiernos para con la provincia de Darién.
Al referirse a los panameños que han tenido que salir de la región por sentir sus vidas en peligro, el enlace de ARMIF añadió que su traslado conlleva problemas de tipo educacional, económico y laboral.
Asimismo, la situación los afecta psicológicamente.
Recordó que los residentes de la comunidad de La Bonga tuvieron que reubicarse en Puerto Obaldía, por la falta de seguridad y protección que no tenían de parte de las autoridades nacionales.
Por otro lado, un documento del Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados de Colombia (GAD) denunció que más de 800 desplazados indígenas panameños iniciaron un éxodo y se encuentran asentados en las riberas de los ríos Salaquí y Truandó, ambos sectores pertenecientes a los municipios de Riosucio y Juradó, en Colombia.
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