La compra de votos es una vieja práctica que ha estado presente desde los primeros comicios de la República, pero en las últimas elecciones el dinero fue reemplazado por materiales de construcción, bonos de supermercado o la entrega de un cheque girado de un fondo para ayuda " a los pobres", métodos más sofisticados y solapados.
El fiscal electoral, Gerardo Solís, califica estos delitos como un "pequeño hueco" que no empañó el proceso electoral.
Las cifras revelan que los delitos electorales aumentaron en comparación con las elecciones de 1999.
Durante el período electoral anterior se contabilizaron 754 delitos electorales, de los cuales 423 fueron por cambio doloso de residencia, mientras que para el presente período electoral, que aún no se ha declarado cerrado, van reportados 1,186 delitos, de los cuales 1,043 fueron por cambio de residencia ilegal.
Solís sostiene el aumento de los delitos obedece a que su despacho ha sido más enérgico y estricto en cumplir la ley electoral.
Precisó que muchos panameños por desconocimiento de la ley acceden ante las solicitudes de los candidatos para que declaren una residencia ilegal, lo que les puede motivar sanciones que van desde 500 días multas o conmutables a un día de trabajo de acuerdo al ingreso salarial del sancionado.
Otros delitos registrados son la compra de votos, denuncia que suma 140 casos, el abuso de autoridad para beneficiar a un candidato, despidos o desmejoramiento laboral de servidores públicos por haber participado en cargos de elección popular y la utilización indebida de bienes del Estado para favorecer una candidatura.
El fiscal electoral reveló que hasta el momento está solicitando autorización a la Asamblea Legislativa para investigar a once parlamentarios, entre los que se encuentran: Noriel Salerno, Arnulfista; Carlos Santana, Arnulfista; Jorge Rosas, Molirena; Francisco Alemán, Arnulfista; Rogelio Alba, Liberal; Rubén De León, PRD; Marco Ameglio, Arnulfista; Susana Richa de Torrijos, PRD; Olivia de Pomares, PRD; Carlos Afú, Arnulfista y Franz Wever del PRD.
Solís también impugnó la proclamación de la legisladora Haydée Milanés de Lay en el circuito 5-1 de Darién porque el día de las elecciones circuló dinero para favorecer su candidatura.
Marcos González, legislador a la reelección por el circuito 8-6 de San Miguelito, denunció a su colega y copartidario Francisco Alemán de adquirir bonos del Super Xtra de San Miguelito para la presunta compra de votos.
Otro legislador que se investiga es Jorge Rubén Rosas, del circuito 4-7 de Chiriquí, quien fue denunciado por el candidato José Sagel, de Solidaridad.
Tras la denuncia, se allanaron las oficinas del Banco Nacional de San Lorenzo donde fueron encontrados 500 cheques expedidos por la Junta Comunal de Santa Isabel, Chiriquí, de una cuenta abierta expresamente el 3 de abril de 2004 para un programa denominado " aporte económico para personas de escasos recursos".
Solís aseguró que en su despacho no hay expedientes de ningún caso y que, si prescriben algunos delitos, no es por su responsabilidad.
Según se conoce, está en peligro de prescribir el caso denunciado en el año 2000, contra funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y miembros del partido Cambio Democrático por exigir el pago de cuotas.
El otro caso tiene como acusado al actual candidato al PARLACEN y miembro del MOLIRENA Waldo Arrocha, por supuestas violaciones a la normativa electoral, relacionadas con destituciones de funcionarios del Banco Hipotecario.
En este caso, la vista fiscal llamó a juicio a Waldo Arrocha y Alejandro Oviedo Lisauskas, en donde se señala lo siguiente: "las actuaciones investigadas evidencian una actitud política censurable desde la mirada civilizada de una sociedad que busca perfeccionar su democracia".
"La sola destitución en masa de funcionarios, sin mayores excusas, de las cuales la mayoría eran del mismo partido en oposición al gobierno, merecen toda nuestra crítica...".
El legislador Edy Londoño denunció a la legisladora electa del Partido Arnulfista, Mireya Montemayor, del circuito 9-5 de Cañazas-Las Palmas en Veraguas, por una supuesta compra de votos.
El arnulfista Hernán Delgado del circuito 8-4, anuncia que impugnará la elección de Tomás Gabriel Altamirano Duque Mantovani, del PRD, por un supuesto fraude en la Junta Circuital de Chepo.
El legislador arnulfista Carlos Santana del circuito 9-1 en Veraguas, impugnó la proclamación del candidato Rubén De León.
El fiscal electoral, Gerardo Solís denuncia la existencia de una chequera emitida por Contraloría General por más de B/. 100,000 a nombre de una junta comunal inexistente en la provincia de Darién. Supuestamente, estos y otros fondos favorecieron a legisladora re electa Haydeé Milanés de Lay.
La H.L. Teresita de Arias, del Partido Popular denunció ante la Fiscalía Electoral la posible compra de votos en el circuito 8-9 con cupones del Super 99. Ese día funcionarios de la entidad allanaron las oficinas del legislador Osman Gómez en Puerto Armuelles, Chiriquí tras una denuncia anónima de compra de votos para su reelección.
El ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, atribuye los inconvenientes y denuncias que se originaron por la adjudicación de curules legislativas a la falta de preparación de las personas involucradas con el conteo. El fiscal electoral, Gerardo Solís, pide al Tribunal Electoral la anulación de las elecciones en el circuito 5-1 de Darién.
En el circuito 8-1 de Arraiján, miembros del PRD y el Partido Popular pidieron la revisión de las cifras para anular la proclamación del candidato José Pepe Hill.
La legisladora del PRD, Maribel Coco, presentó una impugnación contra el acto de proclamación del legislador Franz Wever, también del PRD, tras asegurar que en la Junta de Escrutinio hubo muchas irregularidades.
El legislador arnulfista Carlos Santana presentó una impugnación en contra del legislador electo Rubén De León del circuito 9-1 en Veraguas, porque unos simpatizantes de De León, irrumpieron en la Junta de Escrutinio y amenazaron a sus miembros para que hicieran una nueva proclamación.
El secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, hizo pública unas supuestas pruebas que vinculan al legislador perredista, Carlos Alvarado, en un caso de compra de votos. Afirmó también que hubo malos manejos de dinero del Estado en juntas comunales de Las Tablas, Chitré, Los Santos, Aguadulce, Santiago, Chiriquí, destinados a becas, bonos de comida y hasta efectivo, para beneficiar a candidatos oficialistas.
El candidato a legislador del circuito 4-3 Santiago Fundora presentó una impugnación a la proclamación de la Sra. Jazmina Guillén de O Brien por presuntas anomalías en el conteo de 10 mesas y porque se anularon 3 de las 23 actas correspondientes.
La frustración por la derrota dio paso a la rabia y a la falta de control de algunos activistas políticos durante las pasadas elecciones.
Sus exabruptos no pasaron desapercibidos y afortunadamente fueron controlados por las autoridades competentes, quienes evitaron que pasaran a mayores.
Los más sonados son dos casos supuestamente provocados por activistas del partido Arnulfista.
Los culpables tendrán que ser juzgados, y dependiendo de la responsabilidad de cada uno de los involucrados, las penas que les aplicarán serán de hasta tres años de cárcel.
El corregimiento La Represa, en La Chorrera, fue uno de los escenarios. Allí golpearon a una funcionaria del Tribunal Electoral, quien tuvo que ser remitida a un hospital.
Los magistrados del Tribunal Electoral autorizaron el levantamiento del fuero electoral al representante Jorge Castillo García, acusado de irrumpir violentamente en la Junta Comunal de Escrutinio La Represa para apoderarse de las actas y así afectar el resultado de las elecciones.
El otro incidente sucedió en Chepo, cuando tres simpatizantes del candidato oficialista Hernán Delgado, atacaron a una delegada electoral. Ellos fueron condenados a 48 horas de arresto.
En Veraguas activistas del PRD y el Partido Arnulfista se empujaron y discutieron en la proclamación de los dos legisladores electos del circuito 9-1. Los policías evitaron que los revoltosos se tomaran la mesa de los miembros de la Junta Circuital de Escrutinio.
