El procurador de la Administración, Oscar Ceville, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare improcedente la demanda de nulidad interpuesta por la Contraloría para dejar sin efecto el acuerdo operacional suscrito entre Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y Panama Ports Company (PPC).
El acuerdo operacional, suscrito en 1997, establece que el Estado deberá transferir a favor de la PPC las sumas correspondientes a los ingresos provenientes de aquellas concesiones marítimas, cuyo usufructo fue retenido por el Estado.
Para impugnar el acuerdo, la Contraloría adujo que éste, al igual que el contrato de concesión entre el Estado y la PPC, requería del refrendo de esa dependencia.
Sin embargo, el procurador Ceville estimó que del acuerdo, cuya suspensión provisional se solicita, no se desprende violación ostensible e incontrovertible del ordenamiento jurídico nacional.
Además, sostiene que el acuerdo operacional es un documento accesorio al contrato suscrito entre el Estado y la PPC para el desarrollo de los puertos de Balboa y Cristóbal.
A la vez señala que sería necesario valorar las repercusiones que en el comercio marítimo internacional pueda tener una declaratoria de suspensión provisional del acuerdo operacional, cuando aún se encuentra pendiente una demanda de nulidad contra la equiparación hecha a favor de la PPC.
