Una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 8 de 1997 que derogó las jubilaciones anticipadas fue presentada ayer en la Corte Suprema de Justicia por el Comité de Servidores Públicos Pro Recuperación de las Jubilaciones Anticipadas.
El abogado Olmedo Sanjur, en representación de un grupo de enfermeras, educadores y funcionarios de los Correos, alegó que la Ley 8 es claramente inconstitucional, debido a que este privilegio se mantiene para los miembros de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Panamá.
Sanjur alegó que la Ley 8 también creó dos categorías de jubilados, unos que tienen muchas más ventajas con menos requisitos y otro grupo que obtiene menos beneficios. Agregó que ello contraviene el artículo 110 de la Constitución Nacional.
También sostuvo que la legislación existente establece una serie de fueros y privilegios en favor de ciertos grupos que cotizan en la Caja de Seguro Social al igual que el resto de los miembros de la sociedad.
En tanto, Dalila Mosquera, vocera del grupo Pro Recuperación de las Jubilaciones Anticipadas, aseguró que procurarán la devolución de los beneficios que le fueron arrebatados, tras la aprobación de la ley que derogó las jubilaciones especiales.
A la vez indicó que las anteriores directivas de organizaciones como las de maestros y enfermeras no se habían interesado en recuperar este beneficio, pero luego de una serie de reuniones realizadas se llegó al consenso que la nueva ley tiene claros visos de inconstitucionalidad.
Alegó que ahora corresponderá a la Corte Suprema de Justicia tomar la determinación de si la ley aprobada durante la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares contraviene la Carta Magna o no.
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