Una demanda de nulidad contra el artículo 2 de la Ley 20 de 1999 por la que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puede aplicar una racionalización del gasto público fue presentada ayer ante la Corte Suprema de Justicia por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena.
Arosemena, quien estuvo acompañado de legisladores de los partidos Revolucionario Democrático (PRD) y Popular (PP), señaló que la demanda también se hace extensiva a los artículos 200 y 161 de la Ley 55 de 2000, por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado.
Precisó que el Consejo de Gabinete mediante Resolución No. 82 de 26 de septiembre de 2001 autorizó medidas de contención del gasto para la vigencia fiscal 2001 sin el cumplimiento de las normas legales vigentes sobre esa materia y además se incurrió en error inexcusable al considerar a la Asamblea como una entidad del gobierno central.
Afirmó que el recorte autorizado fue de B/.1,200,000 del gasto de funcionamiento de la Asamblea Legislativa que corresponde a los fondos necesarios para sufragar el pago de 400 empleados contratados para laborar en ese órgano del Estado.
También explicó que ni el MEF ni el Consejo de Gabinete en ningún momento enviaron a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea los documentos que sustentan la reducción del gasto público.
En tanto, el asesor legal de la Asamblea, Raúl Ossa, aseguró que en la racionalización del gasto aplicada se incurrió en claras violaciones a las normas constitucionales vigentes y solicitó a la máxima corporación de justicia suspender provisionalmente la medida para permitir a 400 empleados de la Asamblea Legislativa cobrar sus salarios.
Por otra parte, Arosemena indicó que el Ejecutivo puede quedarse con las partidas circuitales si así lo desea, pero los principios de independencia del Organo Legislativo no están condicionados a ningún tipo de negociaciones.
Agregó que los principios de independencia y de equilibrio de los tres poderes del Estado "no son negociables, porque estamos hablando de la razón de existir del Organo Legislativo".
Reclamó que se han dicho cosas que no son ciertas, como que "estamos negociando las partidas circuitales bajo la mesa". Expresó que respetarán las decisiones que se apliquen en cuanto a la reducción de los recursos del presupuesto, pero lo que no "vamos a aceptar es que se cercene la independencia de este órgano del Estado".
Aseguró que la demanda que se interpuso contra del Ejecutivo se enmarca dentro de los aspectos de legalidad que nada tiene que ver con los principios que le asisten al legislativo como un órgano del Estado y con la continuidad del Diálogo Nacional.
Indicó que la presentación de la demanda no debe ser interpretada como el inicio de una crisis entre estos dos órganos del Estado, pues no es ni la primera, ni será la última vez que haya diferencias de criterios entre los poderes en determinado aspecto y se necesite buscar un dirimente.
