El secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Martín Torrijos, presentó una demanda de nulidad contra el Decreto 122 de 27 de octubre de 1999, por la cual se deja sin efecto la implementación de la Carrera Administrativa.
Torrijos, quien acudió en compañía de la legisladora Balbina Herrera, y el exministro de Gobierno, Raúl Montenegro, dijo que el recurso busca proteger a una gran cantidad de panameños que pueden quedar sin sus puestos de trabajo tan sólo por no pertenecer a un partido político determinado.
Según Torrijos, el actual gobierno intenta crear espacios políticos desconociendo las leyes que protegen a los servidores públicos y que ahora corresponderá a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia determinar la validez del decreto.
El recurso fue presentado por la firma Arcia, Vargas y Velásquez, y que con ella se busca suspender la acción promovida por el decreto 122 de 27 de octubre, por el cual se suspendió la implementación de la Carrera Administrativa.
Por su parte, miembros del Frente Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) también presentaron un segundo recurso de nulidad contra el mismo decreto e interpusieron ante el Ministerio Público una petición para que se ejecute una investigación sobre la supuesta existencia de un atentado contra la estabilidad del gobierno, denunciado por la presidenta Mireya Moscoso.
Leandro Avila, secretario general de la FENASEP, dijo que la presidenta Mireya Moscoso en declaraciones públicas lo acusó de ser un desestabilizador y que en el año de 1990, bajo este mismo pretexto, se destituyó a una gran cantidad de funcionarios con la denominada Ley 25.
Detallaron que en la actualidad el expresidente Guillermo Endara, quien ejecutó los despidos en esa ocasión, funge como asesor de la mandataria Mireya Moscoso y que es necesario se investigue si realmente existe una conspiración o no.
