Las cifras
- 9 mil kilos de glicerina compró la Caja de Seguro Social en el año 2003, para elaborar un jarabe que distribuyó de forma gratuita. La empresa panameña Grupo Comercial Medicom fue quien suministró el producto.
- 7 años han transcurrido desde que se descubrió a las primeras víctimas producto del envenenamiento masivo en Panamá, donde aún se mantiene abierto el proceso para dar con los responsables de este hecho.
Seis víctimas del envenenamiento masivo por dietilenglicol en Panamá, en 2006, y la Caja de Seguro Social (CSS) demandaron a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la muerte de 170 personas, al considerar que la Justicia española archivó el caso sin practicar las diligencias necesarias.
Según el escrito de demanda, el Estado español sería el responsable de lo ocurrido en Panamá, al ser los tribunales españoles los que archivaron la causa sin realizar las investigaciones necesarias a la empresa española Rasfer Internacional, S.A., que exportó la sustancia tóxica.
Sin embargo, esta demanda mantiene dividido a los familiares de las víctimas y pacientes por el envenenamiento masivo.
Para Gabriel Pascual, quien es el dirigente del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida, esta demanda va a generar costos al Estado panameño y no hay garantías de que se vaya a salir favorecido. Pascual indicó que la CSS va a gastar medio millón de dólares en este proceso, dinero que pudiera ser usado en la compra de medicamentos para los pacientes. La demanda presentada contra Rasfer la interpuso el grupo que lidera Pascual, pero la empresa fue eximida en primera instancia por el Juzgado de Instrucción, y posteriormente ratificada esta decisión ante el Tribunal de Audiencia Nacional del Gobierno de España.
La investigación de los hechos comenzó en un juzgado de Barcelona, pero la causa pasó a la Audiencia Nacional de España.
Este tribunal determinó que el producto no fue objeto de manipulación o sustitución desde su origen hasta su destino en Panamá, donde llegó una mercancía identificada con las siglas TD (uso industrial) y con una fecha de caducidad concreta, "la cual la hace inapropiada para el consumo humano".
Además, el tribunal consideró que se falsificó la etiqueta con la denominación "glicerina ups", que determinaba que era apta para humanos, según ellos, esto se hizo en Panamá.
