Una demanda de inconstitucionalidad contra el Código de Recursos Minerales fue interpuesta ayer ante la Corte Suprema de Justicia por el Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG).
De acuerdo con uno de los demandantes, el ex procurador Rogelio Cruz, se ha infringido el Artículo 118 de la Constitución Nacional que establece, entre otras cosas, que “es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación...”.
Explicó que el Código regula la actividad minera sin establecer normas o mecanismos que garanticen un ambiente sano.
La demanda agrega que las reformas al Código fueron aprobadas mediante un Decreto Ley y no por virtud de una ley formal expedida por la Asamblea Nacional, como lo exige la Constitución.
Cruz indicó que con la modificación al Código Minero se permite que gobiernos extranjeros, a través de personas jurídicas, obtengan concesiones mineras en el país.
“Con esto se autorizó al Gobierno Nacional a ceder el subsuelo del país en concesión temporal”, aseveró Cruz.
