El presidente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Jacinto Suárez, presentó ayer ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), una demanda contra Panamá, por supuestas violaciones a instrumentos de la región al decidir unilateralmente abandonar el órgano político de la integración.
Suárez, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), declaró a periodistas que el Estado panameño también es demandado ante la CCJ para que pague al PARLACEN 1.133.333 dólares, valor de la cuota de un año que Panamá está obligado a entregar al foro político regional, que no ha cancelado.
En la demanda se pide a la CCJ que indique las violaciones de Panamá al Tratado Constitutivo del PARLACEN, a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos y al Protocolo de Tegucigalpa de 1991.
La salida del PARLACEN fue una de las promesas de campaña del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que tomó posesión el 1 de julio del año pasado, tras considerar que el foro centroamericano es un órgano "inoperante" y "una cueva de inmunidades".
Según Suárez, el Gobierno de Panamá ha dicho que va a cumplir con esta obligación financiera, y como le han enviado varias notas de cobro y no han habido respuestas, por eso se recurre a los organismos legales para que se resuelva esa insolvencia del Estado panameño.
El presidente del PARLACEN sostuvo que Panamá es firmante del Protocolo de Tegucigalpa, constitutivo de la CCJ y por lo tanto tiene que someterse a la jurisdicción de esta corte regional, pero indicó que será la Corte Centroamericana la que dirá la última palabra sobre la demanda.
El presidente de la CCJ, el hondureño Francisco Darío Lovo, dijo que los seis magistrados (de Nicaragua, Honduras y El Salvador) se reunirán para resolver si se admite o no la demanda.
Manifestó que si el demandado no contesta en tiempo y forma, el tribunal lo declarará en rebeldía procesal.
Hasta el cierre de esta edición, la Cancillería no se había pronunciado al respecto.
