El decreto ejecutivo No. 36 del pasado año a través del cual se estableció una política nacional de hidrocarburos fue objeto ayer de una demanda de inconstitucionalidad, bajo el argumento que las normas adoptadas han promovido un aumento en el costo de los derivados del combustible.
La abogados Silvio y Ramiro Guerra presentaron la demanda de inconstitucionalidad debido a que la medida adoptada no ha promovido las condiciones necesarias para el suministro de hidrocarburos seguro, eficaz y económico y por el contrario se ha fomentado el surgimiento de un monopolio.
Alegó que el citado decreto ha promovido una especie de monopolio perverso, lográndose advertir que un ente poderosamente económico es el que domina el comercio de los hidrocarburos.
También el recurso plantea que tanto la refinación, transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de los hidrocarburos quedan en manos de un solo grupo económico.
Alegó que poderosos empresarios, mancomunados sin competencia alguna dominan el comercio. Guerra añade que el decreto No 36 de septiembre de 2003 se expidió sin que fueran estudiadas las razones reales de la comercialización de los hidrocarburos en el país.
